El Real Madrid ha anunciado en su página web oficial acciones legales contra el excomisario Villarejo por sus graves acusaciones realizadas este mismo martes en una entrevista publicada en RAC1. 

"El presidente del Real Madrid C. F., Florentino Pérez, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1", reza el comunicado oficial.

Concretamente, el excomisario ha indicado, en el marco del caso Negreira, por el que el FC Barcelona está imputado por cohecho, que el club merengue compró árbitros antes de que los actualmente presididos por Joan Laporta lo hicieran. 

No obstante, en cuestión de horas el presidente del club blanco ha tomado la decisión de anunciar acciones legales para que sea la Justicia quien se encargue de unas acusaciones "falsas", según el máximo dirigente del Real Madrid. Con esta rápida actuación, Florentino Pérez busca atajar el posible daño reputacional que las acusaciones de Villarejo puedan causar en el club. 

La compra de árbitros, en el foco por el 'caso Negreira' 

El 'caso Negreira', por el que el FC Barcelona habría comprado voluntades a través de millonarios pagos al que fuera el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, ha provocado un daño reputacional incomparable en el mundo del futbol español. La imparcialidad de los colegiados españoles ha sido sometida al escrutinio de la opinión pública, manchando el deporte rey en España y provocando graves daños reputaciones para LaLiga. 

Fue el pasado viernes, hace apenas cinco días, cuando el juez del caso, Joaquín Aguirre, decidió dar un paso más imputando al FC Barcelona en un auto en el que se deja claro que los pagos realizados constituirían un presunto delito de cohecho. Este tipo penal no exige la demostración de la adulteración de partidos concretos, sino que contempla penas más graves que la corrupción continuada que se atribuyó hasta ahora a los investigados. De este modo, el club azulgrana ha quedado imputado automáticamente tras un cambio de criterio que permitiría agilizar las diligencias.

El delito de cohecho exige únicamente la prueba de que un funcionario o autoridad pública solicitase dinero o compensación alguna para incurrir en decisiones injustas en los márgenes de sus competencias. En el caso que atañe, la investigación en torno a Enríquez Negreira, no sólo existe una promesa de pago, sino que se da por probado que el Barça transfirió a las cuentas del dirigente arbitral y a las de su hijo, Javier Enríquez Romero, una cantidad superior a 7 millones de euros por servicios que no se han justificado, tal y como admitió la entidad blaugrana ante la Agencia Tributaria.

El pasado viernes, de forma sincronizada a la notificación de la imputación por presunto delito de cohecho del FC Barcelona, la Guardia Civil irrumpuó en las dependencias del Comité Técnico de Árbitros en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).