El policía que estuvo al frente de la investigación interna al excomisario José Manuel Villarejo y que este martes ha declarado ante el juicio de la Audiencia Nacional por el 'proyecto Saving' ha asegurado que el encargo sobre la constructora Martinsa-Fadesa incluía vigilancias, pagos a informadores y obtención "masiva" de datos.
Durante su declaración como testigo este martes, el agente ha relatado que el objeto del encargo fue "explicitado" en las reuniones con el cliente, el empresario José Moya, donde se concertó con el Grupo CENYT, la empresa privada de Villarejo, un proyecto de "inteligencia y análisis con tareas de información e investigación": "Se habla literalmente de investigación, de rastrear datos, de pagos de comisiones y sobornos en Panamá. Se habla, en el fondo, de una tarea de investigación, de inteligencia", ha indicado.
De la misma manera, el agente ha señalado que, respecto a la infraestructura, ponían a disposición del cliente "vigilancias, seguimientos, control electrónico, obtención masiva de datos o un estudio económico con unos medios humanos y materiales...". "Se habla de ocho coches, de cinco motos, de pagos a informadores, pagos a colaboradores", ha ilustrado a modo de detalle.
Además, ha sostenido que el dinero pagado por el proyecto, teniendo en cuenta que era medio millón de euros, "iba todo al patrimonio personal" de Villarejo, ya que desde Asuntos Internos indagaron "si había algún reingreso o parte de eso volvía al Estado de alguna manera, porque él alegaba que podía operar como agente encubierto".
Pero "ningún dinero tuvo otro destino que, o el mantenimiento de la propia estructura societaria, o el patrimonio personal del señor Villarejo, coches e inmuebles o nuevas inversiones", ha subrayado.
El policía ha incidido en que el acusado se presentaba a sus clientes "como Pepe Villarejo" y "siempre informaba de su vinculación con la Policía", lo que "difiere totalmente de la actuación de un agente encubierto".
Petición de más de 20 años de prisión
Anticorrupción relata en su escrito de acusación que fue en julio de 2011 cuando Moya contactó a través de terceras personas con el comisario "cuando se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía" para que le ayudara a resolver el conflicto que, a cuenta de una inversión en compra de acciones que había realizado, mantenía con la compañía Martinsa-Fadesa y con su entonces presidente, Fernando Martín.
Ese proyecto -añade- "comprendió la obtención de información", como el tráfico de llamadas de "diferentes personas que habían tenido alguna relación" con esa inversión y con el procedimiento concursal que afectó a esta compañía.
