La defensa de Santos Cerdán, investigado en el marco del caso Koldo, ha solicitado este lunes la puesta en libertad del exsecretario de organización del PSOE, que cumple 70 días en prisión provisional. El escrito presentado por los abogados alega ocho “extremos” con los que busca fundamentar el carácter “inconstitucional” de la medida cautelar aplicada exclusivamente al que fuera militante socialista, mientras otros como José Luis Ábalos o Koldo García disfrutan aún de libertad, a la espera de la resolución de la causa.
“Estamos ante un procedimiento fuertemente tensionado procesalmente, consecuencia especialmente de su naturaleza de pesquisa general dirigida contra el número tres del principal partido político del Gobierno y diputado de las Cortes Generales”, recoge el primero de los extremos, centrado en el “escrito de solicitud de diligencias”. La defensa denuncia que se está construyendo una “causa general que comprende toda la vida” de Cerdán, basada en una “conclusión antiética” y “cuyo único objetivo parece ser el de alcanzar a toda costa una conclusión incriminatoria”.
Siguiendo esta línea argumental, la defensa de Cerdán apunta de nuevo a que detrás de la investigación se encuentra un malestar de parte de los poderes del Estado con las negociaciones que lideró en su momento como número tres del PSOE y llega al segundo extremo: “prisión provisional contraria a la separación de poderes”. “Se acuerda en la causa ordenar a la Policía Judicial una investigación contra dos aforados sin autorización por parte de la Cámara Legislativa”, recoge el escrito presentado.
“Esta actuación”, prosigue, “es una frontal violación del derecho a la inviolabilidad e inmunidad de los miembros del poder legislativo”. “Utilizar litigios penales para influir en la acción del gobierno es un uso perverso del derecho”, añaden los representantes de Cerdán. Como tercer extremo y conclusión intermedia del escrito, el texto destaca que la prisión provisional es “incompatible con el derecho de acceso” del investigado. “No se puede mantener en prisión a un ciudadano al que se le impide el acceso a la totalidad del expediente que lo mantiene preso”, justifican.
El cuarto de los puntos con los que la defensa busca conseguir la suspensión de la prisión provisional es que esta se basa en “pruebas sin cobertura constitucional”, obtenidas “vulnerando el derecho al secreto de las comunicaciones”. El quinto extremo apunta que la medida cautelar “incrimina la participación política” como “indicios de criminalidad”. Al mismo respecto, en el sexto apuntan que la prisión se basa en la reproducción de una “sospecha judicial”, criticando que no ha llegado a probarse ni a mostrar intención de investigar la relación de Cerdán con los empresarios salpicados por la trama.
Asimismo, destacan lo que consideran un “agravio comparativo” con el resto de investigados, haciendo alusión específica a Víctor de Aldama. La defensa también ensalza que no se haya encontrado incremento patrimonial y alega que Cerdán en un “trabajador honrado” que disfrutaba de su ocio “en su pueblo”. El séptimo punto ahonda en que la prisión provisional está siendo prorrogada “más allá del límite” y conlleva “el riesgo de superar materialmente la duración máxima acordada para asegurar la investigación del presunto delito”.
Como último extremo, y a modo de conclusión, la defensa asegura que la decisión que mantiene a Cerdán entre rejas es “inconstitucional”. “Es difícil imaginar que pueda aceptarse como legítimo y constitucional en un sistema penal democrático que un ciudadano sea privado de libertad sin una mínima seguridad de que esta medida tan drástica está justificada desde la perspectiva penal”, recoge el escrito, en el que los representantes legales del exsecretario de organización reconocen la “contundencia” de sus palabras.
“Por todo lo expuesto anteriormente”, finalizan, “debería ser ineludible una decisión que acordase la inmediata libertad de Santos Cerdán”. “No hay pruebas y las actuaciones están viciadas de vulneraciones de derechos fundamentales y, por ello, solo queda evitar la continuación de esta grave situación”, añaden, antes de cerrar las 23 páginas de escrito con la solicitud formal de la puesta en libertad.
