El exfiscal Anticorrupción Ignacio Stampa ha vuelto ha ganar otras dos batallas contra la Fiscalía General del Estado, y ya van cuatro, en su cruzada por demostrar que, el expediente que se le abrió cuando era el fiscal del caso Tándem, se mantuvo abierto más tiempo del debido con el único fin de conseguir apartarlo de esta Fiscalía Especializada. Así, el Tribunal Supremo ha emitido dos nuevas resoluciones dándole la razón.

Dichas resoluciones, a las que ha tenido acceso ElPlural.com, la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal anula las resoluciones de la FGE y la obliga a darle acceso a los expedientes gubernativos que, en su día, incoó la Inspección Fiscal, y que desde la FGE se negaban a entregarle al que fuera fiscal de Tándem.

En una de las resoluciones hechas públicas este viernes, la Sala recuerda que el recurso “guarda gran similitud” con las del recurso que, esa misma Sala, ya resolvió con anterioridad entre las mismas partes, y que por ello deben acudir a la sentencia que ya emitieron en marzo de 2024. También recuerdan los magistrados que el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros de la administración recogido en la Constitución Española, “constituye una manifestación del principio de transparencia administrativa”.

Y vuelven a recordar lo que ya decían en su sentencia anterior, que ese acceso “no se puede interpretar de una forma restrictiva, máxime cuando esa información proviene de la persona a la que dicha información se refiere, es decir, del directamente afectado”. El fallo prosigue explicando que aunque todos los derechos tienen limitaciones, “en el presente caso no se ha encontrado ninguna norma limitativa en ese sentido, ni tampoco cabe sostener que la solicitud formulada en su día por el recurrente fuera desproporcionada”.

El periplo de Stampa

Ignacio Stampa fue el primer fiscal asignado al caso Villarejo cuando éste engrosaba la nómina de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, a finales del año 2020, se vio obligado a abandonar el órgano después de que la entonces fiscal general y exministra de Justicia, Dolores Delgado, le apartara de la vanguardia para acabar en un puesto de segunda categoría en la Fiscalía de Madrid. El germen de su descenso a los infiernos fue la “cacería feroz” desde varios medios de comunicación, que lo situaba como uno de los filtradores de información en el procedimiento contra Podemos en el marco de Tándem, sosteniendo el relato sobre una supuesta relación sentimental con la letrada de la formación morada, Marta Flor.

Tan sólo constaban, según la jefa de la Inspección, unas diligencias “archivadas desde febrero de 2016”. En el decreto de Sanz constaba que se efectuó una consulta manual, “expediente por expediente, hasta un total aproximado de 500, en el registro de las antiguas diligencias de inspección”. Apenas se localizaron los relativos a la denuncia de una letrada de la Administración de Justicia por una presunta actitud “irrespetuosa” del fiscal, aunque también fue archivada.

En dos resoluciones anteriores, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ya consideró injustificada la negativa de facilitar al exfiscal las diligencias reclamadas por el mero hecho de ser archivadas en su momento y que, por tanto, no se encontraran en trámite en el momento en el que Stampa quiso acceder a las mismas. Este es sólo uno de los tres recursos que el ex fiscal del caso Villarejo tiene la mencionada Sala del Supremo por otros rechazos de la Fiscalía a facilitarle información requerida por expedientes que le atañen.

Loreto Ochando