Varapalo del Supremo al Fiscal General del Estado. El Alto Tribunal ha estimado un recurso del que fuera el primer fiscal anticorrupción asignado al caso Villarejo, Ignacio Stampa, contra un decreto de la jefa de Inspección, María Antonia Sanz, quien se negó a facilitarle el acceso a las diligencias tramitadas contra su persona entre los años 2012 y 2016. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima que el hecho de que las diligencias solicitadas por Stampa fuesen archivadas en su día no justifica la negativa de Sanz. Este es el primero de los tres recursos que el exfiscal de la causa Tándem tiene en la misma Sala por otras negativas del Ministerio Público a facilitar información vinculada a expedientes que le atañen.

Ignacio Stampa fue el primer fiscal asignado al caso Villarejo cuando éste engrosaba la nómina de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, a finales del año 2020, se vio obligado a abandonar el órgano después de que la entonces fiscal general y exministra de Justicia, Dolores Delgado, le apartara de la vanguardia para acabar en un puesto de segunda categoría en la Fiscalía de Madrid. El germen de su descenso a los infiernos fue la “cacería feroz” desde varios medios de comunicación, que lo situaba como uno de los filtradores de información en el procedimiento contra Podemos en el marco de Tándem, sosteniendo el relato sobre una supuesta relación sentimental con la letrada de la formación morada, Marta Flor.

Así lo explicó el fiscal ante los micrófonos de Onda Cero el pasado mes de febrero, donde acudió para presentar su libro El Complot, que desgrana todos estos acontecimientos. En conversación con el periodista Carlos Alsina, Stampa habla por primera vez en público de todo lo sucedido desde que le apartaran de la macrocausa que pivota sobre el comisario José Manuel Villarejo. “El gancho para que todo eso tenga credibilidad es que yo tengo una relación íntima con Marta Flor”, recordaba, al tiempo que subrayaba que estas informaciones tenían el sello de la “factoría Villarejo” y apuntaba hacia Dolores Delgado y su pareja, Baltasar Garzón, quien “tenía interés en el procedimiento”.

Tras su salida, Stampa ha denunciado maniobras de la ex fiscal general y de su número dos y hoy sucesor, Álvaro García Ortiz, al no ser propuesto para ninguna de las nueve vacantes que salieron a concurso en Anticorrupción. En su libro, relata que “desde la cúpula” de la Fiscalía General “se confabularon por oscuros intereses particulares” para provocar que su honorabilidad y profesionalidad quedara en entredicho y, de este modo, apartarlo de la macrocausa Villarejo.

Solicitud de acceso denegada

Durante estos años, Stampa ha tratado de recopilar todo tipo de documentación para denunciar las maniobras de la Fiscalía General del Estado por los cauces legales. Un camino que le llevó, en junio de 2023, a reclamar a María Antonia Sanz una copia “testimoniada, integra y foliada de todas las diligencias de inspección que consten en la Inspección Fiscal” con relación a él mismo entre los años 2012 a 2016, periodo en el que estuvo destinado a Canarias. Sin embargo, el ex fiscal Anticorrupción se topó con un rechazo expreso, al “no haberse hallado en los registros de la Inspección Fiscal en trámite entre” esa horquilla de tiempo.

Tan sólo constaban, según la jefa de la Inspección, unas diligencias “archivadas desde febrero de 2016”. En el decreto de Sanz constaba que se efectuó una consulta manual, “expediente por expediente, hasta un total aproximado de 500, en el registro de las antiguas diligencias de inspección”. Apenas se localizaron los relativos a la denuncia de una letrada de la Administración de Justicia por una presunta actitud “irrespetuosa” del fiscal, aunque también fue archivada.

Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal considera injustificada la negativa de facilitar al exfiscal las diligencias reclamadas por el mero hecho de ser archivadas en su momento y que, por tanto, no se encontraran en trámite en el momento en el que Stampa quiso acceder a las mismas. Este es sólo uno de los tres recursos que el ex fiscal del caso Villarejo tiene la mencionada Sala del Supremo por otros rechazos de la Fiscalía a facilitarle información requerida por expedientes que le atañen.

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