Glovo, una de las plataformas de reparto a domicilio más populares en España, ha sido multada con 847.640 euros por parte de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla, a través de su área de Extranjería, por emplear en la capital andaluza a 64 trabajadores extranjeros en situación residencial y laboral irregular.
La infracción, calificada como “muy grave” en la Ley de Extranjería, fue detectada durante una actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), dando lugar a un respectivo expediente sancionador cuya resolución ya ha sido notificada a la empresa y se encuentra en un periodo de recurso.
Se tarta de unas cifras alarmantes, donde se encuentran hombre y mujeres que recorren las calles en bicicleta o motocicleta, con mochilas cuadradas a la espalda y móviles que dictan su próxima entrega. Trabajadores que, a menudo, dependen de esta actividad para sobrevivir, pero que han sido empleados por una gran empresa sin contrato, sin cotización y, en este caso, sin papeles.
Glovo, que suma ya numerosas sanciones por su actuación continuada basada en falsos autónomos, ha mantenido este modelo incluso después de la entrada en vigor de la conocida como Ley Rider en 2021. A pesar de operar bajo su plena organización y control, la empresa ha llevado a cabo la contratación irregular de más de 39.000 repartidores en toda España, sin darlos de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, a pesar de la existencia de una relación laboral directa.
Sin embargo, la última sanción —resuelta por la Subdelegación el pasado 25 de julio— añade un nuevo componente al fraude laboral por falsos autónomos: constata que, además de la relación encubierta, al menos 64 de esos trabajadores carecían de la preceptiva autorización administrativa para trabajar por cuenta ajena en España.
Una infracción grave y doble vulnerabilidad
La actuación llevada a cabo por la Inspección de Trabajo sobre Glovo en Sevilla se ha desarrollado entre diciembre de 2021 y el 31 de julio de 2024, y ha dividido la sanción en dos actas de infracción: una por 20 trabajadores (210.649 euros) y otra por 44 (636.990 euros). Cada uno de los 64 repartidores implicados representa una vulnerabilidad doble, por ser falsos autónomos y encontrarse en situación administrativa irregular.
La sanción asciende a 847.640 euros, incluyendo tanto las multas por empleo irregular (10.001 euros por trabajador en su grado mínimo) como las liquidaciones pendientes con la Seguridad Social. La resolución concluye que Glovo vulneró gravemente la ley al contratar a personas extranjeras sin la debida autorización para residir y trabajar en España.
Esta actuación se enmarca en una campaña estatal de control sobre plataformas digitales de reparto, impulsada por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo. A pesar de los numeros pronunciamientos judiciales que reconocen que estos repartidores son trabajadores por cuenta ajena, Glovo ha seguido recurriendo a falsos autónomos, eludiendo sus correspondientes responsabilidades en el pago de cotizaciones sociales.
Aunque la empresa anunció recientemente que todos sus riders serían asalariados a partir del 1 de julio, ese compromiso llegó con seis meses de retraso y en un contexto de multas y causas judiciales abiertas por su modelo laboral. La realidad es que, hasta hace poco, seguía operando como si nada hubiese cambiado.
Esta realidad ha sido verificada oficialmente mediante la aplicación Adextra, que comprobó que los 64 trabajadores carecían de los permisos necesarios mientras prestaban servicio, algo que fue reconocido por los propios riders durante las entrevistas con la Inspección.
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, ha preferido no pronunciarse sobre expedientes concretos, pero sí ha afirmado que “por parte del Gobierno de España, a través de la Inspección de Trabajo y el área de Extranjería, se está luchando contra la precariedad laboral y especialmente contra la explotación de los más vulnerables, como pueden ser las personas migrantes”.
