La derecha está que trina porque este miércoles, en el Congreso, el ministro de Justicia como colofón de una respuesta a la diputada independentista de JxCat, Laura Borrás, informó que la próxima semana se comenzarán a tramitar las peticiones de indulto a los presos del procès y, no digamos, el anuncio de suavizar en el Código Penal el delito de sedición.

Ante todo eso, la actitud escandalizada del PP revela la sobreactuación típica de ese partido y de sus amigos de VOX. Porque tienen que saber de sobra que desde el momento en que alguien, el interesado o un ajeno a la cuestión, solicita un indulto, la maquinaria administrativa se pone en marcha y en un plazo máximo de un año debe comenzar la tramitación pertinente.

Que el PP se rasgue ahora las vestiduras por la cuestión del indulto, cuando los gobiernos de Aznar y de Rajoy Brey indultaron a gente de toda condición, entre los que figuraban acusados de corrupción y de narcotráfico, suena, como poco, a hipocresía. El recorrido que se inicia es largo, puede durar medio año, e incluye informes de distintas instancias, la aprobación del Consejo de Ministros y la sanción del Rey.

Lo que de verdad le molesta a la derecha es la decisión del Ejecutivo de poner en marcha la reforma del Código Penal en lo que afecta a los delitos de sedición (por los que cumplen condena los políticos independentistas catalanes) y de rebelión. La normativa data de hace demasiados años y es desfasada y anacrónica. Pero lo que deben temer los de Casado es que esa modificación pueda suavizar el concepto en cuanto a los hechos protagonizados por los políticos ahora encarcelados, pasando a una acepción menos grave de lo ocurrido. Lo cierto es que numerosos juristas destacaron, cuando se estableció la acusación, que no existían en ese caso ni la sedición ni mucho menos la rebelión, apuntando hacia la desobediencia como calificación de tales acciones.

Para el partido de Pablo Casado, se trata de una maniobra para sacar adelante los Presupuestos y afianzar al actual gobierno de coalición en la Moncloa. Denuncian que el PSOE está aliándose con “independentistas y pro etarras” en referencia a los partidos catalanes y vascos que apoyaron la investidura, obviando que esas formaciones tienen representación parlamentaria por los votos de sus electores, tan válidos como los suyos propios.

Sobre todo, olvidan que en Cataluña los ciudadanos están cansados de una situación política muy tensa, originada por los delirios soberanistas de Puigdemont y los suyos, y la intransigencia y judicialización emprendida por Rajoy Brey y los suyos. Ahora, el socialista Pedro Sánchez está empeñado en devolver la tranquilidad a los catalanes. Veremos si lo consigue. Pero, a nadie le debería extrañar que ese sea el objetivo de un gobierno progresista. Lo contrario sería volver a la oscuridad y al desaliento, que es donde el PP parece sentirse a sus anchas.