Así lo ha expresado mediante un comunicado Joaquim Bosch, portavoz de JpD: El Consejo General del Poder Judicial ha sancionado con tres años de suspensión de funciones al magistrado Santiago Vidal, por haber participado en la redacción de una propuesta de Constitución catalana y por sus opiniones sobre el derecho a decidir, en su tiempo libre y fuera de sus actuaciones profesionales”.
Interpretación forzada
“Desde Jueces para la Democracia consideramos que se trata de una sanción inadmisible, de sesgo autoritario, que ataca la libertad de expresión y de creación jurídica. Además, se trata de una sanción que parte de una interpretación extremadamente forzada, que vulnera Vidal en el estatuto disciplinario de los jueces”.
Actuar contra el discrepante
Señalan que “el único fundamento de dicha suspensión de funciones es actuar contra el discrepante, desde una perspectiva impropia de la pluralidad inherente a nuestro sistema democrático”.
Por estar en desacuerdo
“Hay que recordar que no se acusa a Vidal de haber vulnerado la Constitución en ninguna de las miles de sentencias que ha dictado a lo largo de su carrera profesional. Se le sanciona por realizar un análisis jurídico que está en desacuerdo con el actual modelo territorial de nuestro país y con el presente marco constitucional”, continúa Bosch.
Constitución petrificada
Recuerda el comunicado de JpD que la Constitución también ampara a quien discrepa de la misma y establece los mecanismos para su posible reforma. “Pretender silenciar con sanciones a quien no comparte el actual marco constitucional supone ignorar los beneficios de un debate abierto sobre todos estos problemas y apostar por una Carta Magna petrificada que resulta incompatible con los propios principios constitucionales.
Sanción por razones ideológicas
“Consideramos preocupante que por primera vez se haya impuesto a un magistrado una suspensión de tres años por razones meramente ideológicas, por hechos realizados al margen de la actividad jurisdiccional”, dicen. Como muestra de lo que califican como “el carácter escasamente jurídico de esta decisión”, resaltan “la división del propio CGPJ, que ha acordado la sanción por 12 votos a favor y 9 en contra, lo cual tampoco había sucedido anteriormente en actuaciones disciplinarias de esta gravedad.
Es legítima la aportación jurídica
Aclara Joaquim Bosch que “desde Jueces para la Democracia nunca hemos apoyado las posiciones independentistas de Santiago Vidal. Pero consideramos que resulta legítimo que las mismas se puedan defender en una sociedad democrática, así como que se puedan realizar aportaciones jurídicas que permitan un debate amplio sobre todas estas cuestiones”.
CGPJ al servicio del poder político
“Con decisiones de esta naturaleza, el CGPJ confirma una vez más su nula credibilidad como institución encarga de velar por la independencia judicial y vuelve a mostrarse como un órgano al servicio del poder político. Además, la sanción supone un retroceso a los peores tiempos de intolerancia institucional hacia las opiniones ajenas”, concluye el portavoz de JpD.
También Ajudicat le apoya
En Cataluña, la Associació de la Judicatura Catalana (AJUDICAT), ha mostrado públicamente su apoyo a Santiago Vidal, “no solo por su intachable trayectoria profesional, sino muy especialmente, por su compromiso social y la defensa en mejorar el mundo de la Justicia, un campo este, que sigue sin cumplir las expectativas que toda sociedad espera de un Estado democrático moderno”, explican en un comunciado.
Aviso a navegantes
“Consideramos que la sanción de tres años de suspensión de funciones jurisdiccionales, además de injustificada, amenaza las bases del legítimo principio del derecho a la libertad de expresión y, de paso, se lanza un serio aviso dirigido a todas aquellas personas que, sensibilizados con esta problemática, buscan mejorar el marco legal-procesal de forma razonada, en un entorno tradicionalmente lleno de carencias”, continúan.
Doble rasero
Denuncia por útlimo Ajudicat que “se actúa con un claro doble rasero, vulnerando el principio de igualdad, respecto de aquellos que también son miembros del Poder Judicial y que abiertamente y sin tamices, se han posicionado a favor de las tesis defendidas en este campo por los actuales poderes monolíticos ejecutivo y legislativo”.
Urgencia demoledora
Concluyen los jueces de Ajudicat: “Así pues, si bien siempre hemos afirmando que otra justicia es posible, hoy y ahora, constatamos que esta necesidad social es de una urgencia demoledora”.
