Las denuncias de los movimientos sociales contra la brutalidad y los montajes policiales se suceden cada vez que un acto reivindicativo, una manifestación o un desahucio tienen lugar. Miles de sindicalistas y militantes han denunciado que las Fuerzas del Orden y Seguridad del Estado se inventan agresiones para perseguir y mermar a activistas y movimientos, llegando a emitir multas dirigidas a personas que ni siquiera se encontraban en el país en el momento del supuesto hecho. Esto ha quedado constatado una vez más en Barcelona, gracias a un vídeo, pero la Justicia ha exculpado al agente que justificó una detención con una agresión inexistente.

En 2019, un grupo de activistas de la vivienda intentaba impedir de forma pacífica un desahucio en Barcelona. En ese momento, un joven aplaudía alejado del tumulto hasta que un agente de los Mosos d’Esquadra se acercó a él y, sin mediar palabra, desarrollarse una acción constitutiva de delito, tocar a la gente ni presentar una actitud violenta, le derribó fuertemente y a posteriori le realizó una maniobra de asfixia para reducirle. No contento con esto, el agente arrestó al manifestante justificando una agresión que nunca hubo, tal y como muestra el vídeo presentado como prueba.

La detención es ilegal a todas luces, pero la Justicia ha decidido buscar excusas para justificar la actuación y absolver al mosso de la acusación más grave (detención ilegal). Según la Audiencia de Barcelona, el uniformado puedo observar un “posible roce” del joven en el casco del agente que “dio lugar a la creencia” de este de que le había agredido. Nada más lejos de la realidad, pues el vídeo prueba que el toque no está ni cerca. Es más, los propios jueces reconocen en la sentencia adelantada por elDiario.es que “en ningún caso las imágenes permiten advertir ningún tipo de acometimiento, agresión o golpe intencionado”.

No obstante, la mera percepción del agente de ella, lo que el Tribunal ha denominado una “consideración errónea” o un “equívoca” creencia, libran al investigado del delito de detención ilegal. Así, tan solo tendrá que hacer frente a una multa de 500 euros por lesiones leves, debido a los daños infligidos al manifestante, pero se libra de la inhabilitación y expulsión obligada del cuerpo, castigo que pedían las acusaciones. La valoración de la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona es “absurda, ilógica, arbitraria o abiertamente contraria a la lógica y la experiencia”, sostiene el fiscal al cargo del caso.

El Tribunal reconoce que la detención fue errónea porque “no se evidencia” que el damnificado “agrediera o acometiera” contra el agente. Sin embargo, creen que no se puede clarificar que el arresto es totalmente arbitrario al dar por válido la posibilidad remota de que el agente, pese a que el vídeo evidencia que no existe ni de lejos, pudiese imaginar un roce en su casco que le llevase a sobrepasarse en su actuación contra el joven. Es más, el agente se ha agarrado a esta teoría durante el proceso judicial.

“La Justicia absuelve a un mosso pese a admitir que se inventó una agresión para detener a un manifestante. Si no llega a haber vídeo, la víctima podría haber entrado en prisión. ¿Cuántos agentes habrán mentido para encausar a activistas?”, se preguntan conocedores de los procedimientos a través de las redes sociales. “Son impunes. Sin el video, el manifestante habría sido condenado a cuatro años de cárcel”, añaden otros. Lo cierto es que la actuación del mosso es injustificable y la del Tribunal incomprensible, lo que llevará a la defensa del manifestante a recurrir.

“La valoración de la prueba que hace el tribunal es del todo irracional”, denuncia la defensa, que se apoya en que el vídeo evidencia “claramente” que en ningún momento el codo impacta con el casco. Todas las partes han recurrido la sentencia, incluso la acusación que representa al mosso, que asegura que “la actuación policial fue justificada y proporcional”. El caso llegará ahora a la  Sala de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que deberá decidir si mantener la decisión tomada, proceder a aceptar el delito de detención ilegal que pide fiscalía y representantes del manifestante o aceptar la absolución total que exige el mosso.

El fiscal ha cargado duramente contra la decisión de los jueces al entender que supusieron “sin fundamento fáctico” que el agente acusado recibió un “supuesto golpe” que no queda probado de ninguna manera durante el juicio. Así, considera la sentencia “arbitraria por no ajustarse a las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos”.