El auto de archivo de la conocida como causa del pitufeo, en la que estaba imputado todo el grupo municipal del PP por blanqueo, ha sido una bocanada de aire para el Partido Popular de la ciudad de Valencia. Sin embargo, esa bocanada no ha durado ni 24 horas, ya que la misma sala que deja fuera el dopaje del PP en la campaña electoral de 2015, sí que avala el auto en lo referente a las campañas de 2007 y 2011.
Por tanto, la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García-Fuster, cuyo recurso solo se ha estimado para 2015, se sentará en el banquillo. García-Fuster es la principal investigada en esta causa junto con el exvicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, quienes están acusados de blanqueo y cohecho. El auto sobre Grau aun no se ha notificado, pero del de García-Fuster se desprende que el que fuera mano derecha de Rita Barberá se sentará en el banquillo.
Pero, es más, incluso en el auto de archivo de los pitufos, los magistrados firmantes del escrito dejan bien claro, negro sobre blanco, que el dinero que se utilizó para esa campaña electoral, la última en la que concurrió como candidata la fallecida Rita Barberá, se sufragó con dinero negro. El caso es que los jueces realizan una matización sobre el origen delictivo de ese dinero, al que tilda de “dinero sucio” y no de “dinero negro”, lo que los lleva a archivar el caso para ese año.
En el auto de procesamiento del juez instructor, además del pitufeo, el juez explicaba como presuntamente se dopó el PP de Barberá en 2007 y 2011. El juez afirmaba que existió una "sobrefinanciación articulada exclusivamente en el ámbito local del partido" para sufragar los gastos electorales de las tres últimas campañas de Barberá.
Tanto el juez, como el fiscal Anticorrupción describen la supuesta operativa criminal: donaciones de empresarios contratistas del consistorio que, posteriormente, a través de empresas interpuestas habrían servido para que el PP concurriese a las elecciones municipales con dinero negro.
El auto, da veracidad a los expuesto por el juez instructor, quien aseveró que, la investigación muestra "de un modo diáfano" que el PP de la ciudad de Valencia, de Rita Barberá, “ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente, y muy especialmente en la de 2007. Algo que hizo mediante procedimientos clandestinos de financiación que vulneraban flagrantemente tanto la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) como la Ley de Financiación de Partidos Políticos (LFPP)".
Así, el final de este caso es agridulce para los investigadores, pues el grueso de los investigados han conseguido el archivo pero, por el contrario, tanto e juez instructor como los magistrados de la Audiencia Provincial sí que han visto indicios suficientes del presunto dopaje electoral sistemático del Partido Popular de Valencia.
