La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado la presentación de una petición de recurso de queja ante el Tribunal Supremo en contra de la decisión de archivo del 'pitufeo, la pieza del caso Taula que investigaba el presunto blanqueo de 50.000 euros por parte del grupo municipal del PP de Valencia. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial no solo dio carpetazo a este tema, sino que rechazó la petición de recurso del fiscal.

El motivo, según esgrimieron los jueces, era que actuaron como un tribunal de segunda instancia y, por tanto, no cabía recurso. Ahora, el representante del Ministerio Público, tal y como ha avanzado el periódico Levante-EMV, dispara su última bala jurídica al entender, que la resolución de la Audiencia Provincial, supone “una infracción de ley y del precepto constitucional de la tutela efectiva de los jueces y tribunales”.

Entre los motivos que han llevado al fiscal a presentar este recurso está el hecho de que, en el auto de archivo, los jueces dicen que no hay indicio de existencia de delito, lo que supondría que deberían haber emitido un sobreseimiento libre, en lugar del sobreseimiento provisional que firmaron.

Este hecho podría parecer baladí, pero ni mucho menos lo es, ya que el sobreseimiento provisional no es recurrible. Sin embargo, en el sobreseimiento libre sí que cabe recurso, por lo que Anticorrupción podría haber conseguido que se tumbara el auto en una instancia superior.

Pasos judiciales

En cuanto a los pasos judiciales, el anuncio no significa que se presente finalmente el recurso de queja, ya que debe ser la Fiscalía del Tribunal Supremo la que estudie la petición del fiscal y, finalmente, decida si apoya la petición de su compañero o no. Según las fuentes jurídicas consultadas por ElPlural.com, es bastante probable que sí apoyen esta petición, pero al mismo tiempo, estas mismas fuentes recuerdan que no es la primera vez que Anticorrupción ha pedido interponer un recurso de queja y, al final, los fiscales del Supremo han decidido no hacerlo.

Si se presenta, la decisión final recaerá sobre los magistrados de la Sala Segunda del Supremo que son los que llevan los asuntos de penal. Y mientras todo eso se produce, los 50 investigados siguen con el archivo de su causa debajo del brazo. Un archivo que vino de la mano de un auto de tan solo ocho folios donde el magistrado ponente, Pedro Castellano, alegó una jurisprudencia inexistente para apoyar su decisión de dar carpetazo al pitufeo.