La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para cada uno de los integrantes del grupo municipal del PP de Rita Barberá, 49 personas, dentro de la pieza del pitufeo por blanqueo de capitales. El fiscal, eleva esa petición hasta los 15 años para el que fuera mano derecha de Barberá, Alfonso Grau. El fiscal también pide siete años de prisión para la exsecretaria del grupo municipal popular y exconcejal, Mari Carmen García-Fuster; cinco para el exconcejal y responsable de Centro de Estrategias y Desarrollo, Eduardo Santón, y para el exresponsable de Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, José Salinas.

Según expone el representante del Ministerio Público en su escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, las investigaciones llevadas a cabo por la UCO “han permitido desentrañar una operativa criminal de entregas de dinero por empresarios con fuerte vinculación contractual con el Ayuntamiento de Valencia”.

También ha quedado acreditado, a su juicio, el desvío de fondos públicos provenientes de fundaciones y asociaciones creadas en el seno de dicho ayuntamiento y la obtención y disposición de dinero en metálico de procedencia ilícita vinculada a dádivas, premios, gratificaciones o regalos que eran entregados en consideración a las funciones que desempeñaban altos funcionarios y dirigentes pertenecientes al Grupo Municipal del Partido Popular. Esos ‘premios’ eran gestionados en parte en efectivo y en parte a través de una cuenta abierta, que permanecía oculta a cualquier control financiero, bien del Partido Popular, a pesar del conocimiento de su existencia, bien de la Intervención Municipal lo que “le ha permitido al Partido Popular presentarse a las elecciones municipales de los años 2007, 2011 y 2015 sufragando gastos electorales al margen de la debida contabilidad que debía entregarse al Tribunal de Cuentas”.

En el escrito de calificación se explica que, en los años que debían celebrarse elecciones municipales de una forma u otra “se producía la puesta en marcha de una maquinaria dedicada por una parte a obtener dinero de forma ilícita y, de otra, de hacer aflorar dicho dinero de manera que se desconociese en realidad el origen delictivo del mismo, fundado en el clientelismo político y la corrupción que imperaba en el Ayuntamiento de Valencia dominado en exclusiva por el Partido Popular”.

Así, las investigaciones efectuadas y centradas en los años electorales 2007, 2011 y 2015 revelan “un patrón de comportamiento que difiere en algunos aspectos en la forma de obtención de dinero de procedencia ilícita y en la manera que dicho dinero era aflorado para integrarse en el circuito económico, empleando para ello en ocasiones empresas y en otros procedimientos que tienen su origen en mecanismos de lavado de capitales”.

Año 2007

En el año 2007 el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia y por ende del PPCV utilizó los servicios de la sociedad Laterne Product Council Sl, administrada y dirigida por Vicente Sáez Tormo, amigo íntimo del acusado Alfonso Grau, y que gestionaba junto con otras sociedades, tales como City Marketing Conseil Sprl, radicada en Bruselas(CMC SPRL), Product Management Conseil (PMC), Global Project By Counsins Sl, City Marketing Council SL(CMC), que aunque emplean diferentes denominaciones al tráfico jurídico en realidad todas ellas tenían un único dueño efectivo, habiendo sido creadas P.M.C y  C.M.C. SPRL con fines puramente instrumentales careciendo de cualquier actividad real y de trabajadores para cumplir los contratos que se realizaban.

Asevera el fiscal que, a través del entramado mercantil de Vicente Sáez Tormo y empleando a dichas sociedades, Alfonso Grau desvió fondos públicos y canalizó las generosas aportaciones que realizaban empresarios que contaban con importantes contratos con el Ayuntamiento de Valencia, siendo dichas cantidades solicitadas por Alfonso Grau, "persona fuertemente vinculada a la alcaldesa Rita Barberá, y con poder para favorecer o perjudicar contrataciones en el caso de no atender a sus solicitudes dinerarias".

Con las cantidades así recaudadas "se financió en parte la campaña electoral del Partido Popular en la ciudad de Valencia y otra parte del dinero se incorporó al patrimonio tanto de Alfonso Grau y de su amigo y socio Vicente Sáez Tormo, el cual desapareció al final de la campaña del año 2007 y con él las empresas creadas. Vicente Sáez fallece en el año 2008".   

Dice el escrito que los gastos declarados para toda la provincia de Valencia ante el Tribunal de Cuentas por el administrador designado del Partido Popular ascendieron a 133.762,76 euros, cantidad que no se correspondió con los gastos electorales reales en que incurrió el Partido Popular, ni con los proveedores elegidos y que fueron deliberadamente ocultados por los mecanismos que se van a detallar. La cantidad real destinada a la campaña electoral del Partido Popular en la ciudad de Valencia del año 2007 oscilaría entre los 2.683.750 euros y los 2.380.903 euros.

Año 2011

En su escrito, el fiscal desgrana las presuntas operativas corruptas por elecciones municipales.Para el año 2011, expone que, el presupuesto que fijó el GMPP ascendía a 214.698 euros, todo ello al margen de la contabilidad del Partido Popular fiscalizada por el Tribunal de Cuentas.

En esta ocasión Alfonso Grau, designado nuevamente coordinador de campaña en la ciudad de Valencia, habiendo desparecido la empresa Laterne contrató a la empresa Trasgos Comunicación SL (Trasgos), quienes "aceptaron realizarla por 170.000 euros, aunque como se verá el gasto final superó ampliamente dicha cifra, al igual que en las elecciones del año 2007", afirma el fiscal. De hecho, el dinero que se utilizó llegó a los 277.000 euros, más de 100.000 pagados a través de proveedores que no eran el PP.

Año 2015: El pitufeo

Y es en el año 2015 cuando salta todo por los aires. La UCO, dentro de la operación Taula, tenía el teléfono de la exconcejal María José Alcón pinchado. Fue en una conversación con su hijo cuando Alcón contó la mecánica del pitufeo. Según el audio, posteriormente acreditado por cuatros personas que se negaron a blanquear, desde el PP les hacían ingresar 1.000 euros en una cuenta bancaria del partido. Hasta ahí todo es normal. Sin embargo, según explica el fiscal, posteriormente, la 'cajera' García-Fuster les devolvía el dinero en dos billetes de 500 euros. Esta mecánica es conocida como pitufeo, la forma más burda de blanquear dinero negro. Con esta mecánica, el PP de Barberá consiguió presuntqamente blanquear 50.000 euros.

Sobre esto explica el escrito del fiscal que, se fijó para toda la provincia de Valencia como límite de gasto electoral la cantidad de 140.000 euros; cantidad ampliamente sobrepasada con los gastos electorales sufragados al margen de la contabilidad del partido y de la cuenta electoral en la ciudad de Valencia por medio de la contabilidad en B que llevaba el GMPP de la Ciudad de Valencia procedente de la actividad delictiva desplegada y descrita, "consentida por la dirección del PPCV que ninguna actuación eficiente y eficaz tomó ante la situación por el evidente beneficio electoral que le había reportado".