Hace más de cinco años, concretamente el 26 de enero de 2016, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción y del magistrado del Juzgado de Instrucción Número 18 de Valencia, ‘reventaban’ la mayor operación contra la corrupción de la historia de la Comunidad Valenciana, el conocido como caso Taula. Ahora, en 2021, el juez de ese mismo juzgado ha emitido el auto de procesamiento de todo el grupo municipal del PP de Rita Barberá. Según la juez todos blanquearon dinero al entregar 1.000 euros como donativo que les fue supuestamente devuelto en dos billetes de 500 euros: el pitufeo.
Pero, además, los principales imputados como el exvicealcalde Alfonso Grau o la exsecretaria municipal del PP, Mari Carmen García Fuster, fueron más allá y presuntamente orquestaron una trama que financió al PP de la ciudad con dinero negro, llegando a gastarse tres millones de euros en la campaña de 2007 de Rita Barberá, 20 veces lo declarado.
Entre los nombres más destacados que el juez procesa están todos y cada uno de los concejales que Barberá tenía en su gobierno, así como todos los asesores, excepto las cuatro personas que se negaron a blanquear y que fueron condenadas al mayor de los ostracismos por parte del partido de Pablo Casado, por no hablar de las piedras en el camino de los últimos cinco años.
Caso Taula
La operación Taula se reventó el 26 de enero de 2016, cuando la UCO, junto con el fiscal Anticorrupción, entraron en el Consistorio. Aquella mañana, la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, fue detenida. Los agentes realizaron un registro en los despachos del grupo municipal popular en el que se incautaron de cientos de papeles. Entre la documentación encontrada estaban las famosas libretas contables de la cajera. García-Fuster era de la vieja escuela y tenía anotadas todas las entradas y salidas de dinero del grupo, un hecho que, sin ella pretenderlo, ha sido clave para la investigación, y para terminar con todos procesados.
Pero antes de aquel día aciago para el PP de Barberá, todo había comenzado diez meses antes, en marzo de 2015. Tal y como se explica en el auto, desde el PP municipal se solicitó que todos los miembros del grupo aportaran 1.000 euros para la campaña, mil euros que supuestamente después les eran reembolsados en dos billetes de 500. Lo que se conoce como pitufeo.
El problema para los ahora procesados vino por dos vías. La primera fue que no todos entraron al trapo y cuatro asesores, dos de Barberá y dos del vicealcalde, Alfonso Grau, se negaron a blanquear dinero. Estas cuatro personas se dieron cuenta de que había algo turbio en la propuesta de García-Fuster y no quisieron entregar el dinero.
La segunda fue la grabación de la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón, a quien la UCO grabó mientras le explicaba a su hijo toda la operativa delictiva.
Financiación irregular
Pero más allá del pitufeo, la UCO siguió la pista de la presunta financiación irregular del PP municipal no solo a través del blanqueo. De hecho, una documentación original aportada al juzgado demostraba que el PP de la ciudad de Valencia llevaba presuntamente financiándose de forma irregular a través de donaciones millonarias de empresas constructoras y con contratas del Consistorio al menos desde 2007.
