La investigación judicial que se cierne sobre la gestión de la DANA de Valencia continúa encauzándose hacia un horizonte cada vez más claro. Este viernes, la magistrada instructora de la causa del juzgado de Catarroja ha reiterado la “inexplicable ausencia de respuesta” por parte de la Generalitat de Carlos Mazón ante la tragedia natural del 29 de octubre, todo ello reiterando que el Gobierno valenciano “conocía perfectamente” el estado crítico del barranco del Poyo, al menos, a las 17:00 horas de aquella tarde.
Una de las últimas ramas de la investigación para conocer cronológicamente cómo se desató la catástrofe se cierne sobre el estudio de las grabaciones aportadas por el servicio de emergencias 112 y las llamadas de socorro que emitieron cientos de víctimas de la DANA en las horas críticas, que han dado su consentimiento para que se investiguen como pruebas en la causa judicial, mucho antes del envío de la alerta masiva, y tardía, a los móviles de los valencianos, a las 20:11 horas de la tarde.
En este último auto, la magistrada aduce a que la Generalitat valenciana era la administración “competente en materia de protección civil” para coordinar una crisis de este calibre. Con respecto a este punto, los primeros en ser citados como imputados han sido la exconsellera de Justicia e Interior, también responsable de Emergencias, Salomé Pradas; así como su número dos, Emilio Argüeso. Ambos cargos acusados de homicidio y lesiones imprudentes.
Las llamadas del 112 de las víctimas, pieza clave de la investigación
La titular del juzgado de Catarroja, a su vez, ha confirmado que los audios aunados de las llamadas al 112 el 29 de octubre confirman que el Consell de Mazón, "competente en materia de protección civil, a través del 112 de la Comunitat Valenciana, conocía perfectamente que el barranco del Poyo se había desbordado a su paso por el término de Chiva, con tal intensidad” que, según recogen estas grabaciones, un padre y dos de sus tres hijos perdieron la vida a causa de la fuerza de la riada y la “impotencia” de la madre.
Añade a su vez nuevos casos de víctimas: el fallecimiento en Paiporta de otro matrimonio que murió en el trastero-garaje de su vivienda, donde quedaron "encerrados y sin escapatoria" mientras sus dos hijos menores estaban en el domicilio.
En el caso de la familia de Chiva, uno de sus hijos realizó numerosas llamadas al 112, la primera a las 17.10 horas y la última a las 17.30 horas, proporcionando detalles de la ubicación y alertaba: "No pueden salir por la cantidad de agua, se han quedado atrapados dentro de la casa, si salen se los lleva el río" y, preguntado por si precisaban de rescate inminente, afirmaba que sí porque "hay un río detrás, que se ha llenado y corre el agua un montón y no pueden salir de la casa".
"No, que les llega el agua por la mitad de la altura de la mesa y no pueden salir"; "No, no, no se los está llevando el río, están dentro de la calle, están que no pueden salir ni nada"; "Está inundado, están inundados", son algunas de las frases que pronunció y que recoge el auto con la información aportada por el 112. También hace referencia a las tres llamadas de la hermana de la madre -a las 17.31, a las 17.39 y a las 17.51 horas-. La mujer suplica que manden un helicóptero y advertía de que "hay una familia que se está ahogando". En otra llamada dice igualmente que se ha desbordado el río, que hay cuatro personas enganchadas a una ventana, que se van a ahogar y que se ha desbordado el río por arriba y por abajo.
El mismo auto ya recogía la "ingente información" de que se disponía por el Gobierno de Mazón, la AEMET, el 112, la CHJ o los medios de comunicación, "lo que hacía inexplicable la ausencia de respuesta por parte de la misma, la ausencia de avisos a la población, en cualquier lugar donde pudieran encontrarse, en la calle, en el trabajo, de camino a casa en sus coches, en los domicilios o en residencias de la tercera edad".
El 'número 2' de Pradas asegura que “no envió comunicación alguna al CECOPI”
Con el avance de la investigación judicial, los primeros citados a declarar en calidad de imputados se han enfrentado a las preguntas de la magistrada, siendo el primero de ellos Argüeso, quien ha reconocido este viernes que aquel fatídico 29 de octubre, el 112 “no envió comunicación alguna” al CECOPI, incluso pese a que el director del Centro de Coordinación de Emergencias formaba parte de dicho organismo.
Así lo traslada en un recurso de reforma presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) por la defensa del que fuera 'número 2' de la Conselleria de Emergencias, al frente de la cual estaba en aquel momento Salomé Pradas. En dicho escrito, la representación legal de Argüeso subraya que "sigue sin acceso a una copia de la causa" y, por tanto, está actuando "en absoluta indefensión".
En todo caso, la defensa del exsecretario autonómico alega que la prueba de instrucción "tiene por objeto la investigación de hechos presuntamente delictivos además de preparar un futurible juicio" y hace notar que en la causa, "a día de hoy, solo hay dos investigados", en el caso de Argüeso "sin que sepamos a ciencia cierta los hechos que se le imputan".
Y es que el letrado del exsecretario autonómico ha pedido a la magistrada que investigue previamente si alguno de estos mensajes y comunicaciones fue trasladado al CECOPI, porque “la realidad es que no hubo comunicación ni de estos mensajes ni ninguna otra al CECOPI y, por tanto, aún tratándose de material indudablemente valioso para historiadores o periodistas, no puede arrojar luz alguna a los hechos investigados”, considera.
Con respecto a estas alegaciones, y tal y como ha podido conocer ElPlural.com, la defensa de Argüeso ha reclamado a la jueza que suspenda las declaraciones de los familiares de las más de 220 víctimas mortales de la DANA en la instrucción judicial y que están previstas para este viernes.
