La investigación judicial en torno al caso Koldo y, en concreto, sobre la figura de José Luis Ábalos, continúa tomando forma. Este jueves el juez del Tribunal Supremo ha pedido tanto al Congreso de los Diputados como al PSOE toda la información económica del exministro de Transportes del Gobierno para poder encajar las piezas en la investigación sobre su patrimonio.
El magistrado Leopoldo Puente ha actuado de esta manera después de recibir un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela que, entre 2014 y 2024, la Cámara Baja abonó a Ábalos un total de 751.421,57 euros. No obstante, la cifra que se refleja en sus cuentas provenientes directamente del Congreso asciende, durante el mismo periodo mencionado, a 79.841,74 euros.
De esta manera, los agentes de la UCO ponen el acento en que Hacienda atribuye al exministro donaciones al PSOE por 44.729,29 euros, pero la UCO dice que "igualmente en los productos bancarios solo existe constancia de pagos al PSOE desde el año 2014 hasta el 2024, ambos inclusive, por un monto total de 8.471,36 euros". "Además, existen percepciones económicas giradas como nóminas provenientes de productos bancarios titulados por el PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista de Cortes Generales entre las fechas antedichas", detalló la UCO.
Así las cosas, la UCO consideró "necesario" conocer las cantidades abonadas a Ábalos por el Congreso en aquellos años, así como conocer todas las donaciones realizadas por el exministro al PSOE entre 2014 y 2024, todo ello con información de las cuentas bancarias de destino y origen, pidiendo al Supremo que recabara dicha información.
Puente, "con el propósito de esclarecer estas aparentes faltas de sintonía en la información disponible acerca de la verdadera situación económica" de Ábalos, accede a lo solicitado.
En consecuencia, reclama a la Cámara Baja que le informe, en "el plazo más breve posible, de todas las retribuciones o cantidades abonadas por cualquier concepto" a Ábalos desde 2014, "precisando detalladamente todos y cada uno de los pagos realizados, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de destino y titularidad de la misma, así como cualquier otro dato que tengan asociadas las referidas retribuciones".
En sintonía, al PSOE le pide, igualmente "en el plazo más breve posible", que le informe de "todas las cantidades dinerarias" entregadas por Ábalos al partido, "en concepto de donación o por cualquier otro motivo", pero también de las que el partido le abonó o transfirió a él, dando así un paso más respecto a lo interesado por la UCO, indicando asimismo "la fecha, método de pago, cuenta bancaria de origen, concepto y/o comentario, así como cualquier otro dato" asociado a esos abonos.
Tras conocer esta decisión judicial, fuentes de Ferraz han trasladado los detalles del procedimiento de aportaciones voluntarias y de cuota dentro de sus filas. Así las cosas, dan cuenta que, en el caso de los diputados como bien lo fue Ábalos, "cada electo cobra su sueldo del Grupo Parlamentario ocialista, no del Congreso. De ese sueldo se detrae la aportación voluntaria. Y por otro lado, ese diputado paga una cuota al partido, como todos los militantes del PSOE", han incidido en un primer momento. A su vez, alegan que los altos cargos y afiliados "pagan una cuota voluntaria directamente al partido". Sin quedarse en este punto, añaden que "todas esas aportaciones están perfectamente declaradas ante la Hacienda pública, y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, en aplicación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos".
Vida laboral de Cerdán, Koldo y los empresarios investigados en la trama
En otra resolución paralela, a instancias también de la UCO, el juez del Supremo requiere a Seguridad Social la vida laboral de los cinco empresarios imputados por el presunto pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública -Antxón Alonso, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Merino y José Ruz-, y de los presuntos beneficiarios de dichas mordidas: el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el exasesor Koldo García y su exmujer Patricia Uriz.
El instructor se dirige también a Hacienda para pedir información sobre los empresarios y sus empresas y de Fiadelso, fundación vinculada a Ábalos, para conocer la verdadera situación patrimonial de estas personas físicas y jurídicas.
El juez explica en estos términos que la información obtenida se cruzará con los datos bancarios ya solicitados, lo que permitirá "conocer la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras, así como los períodos de tiempo durante los cuales determinadas personas físicas pudiera haber prestado servicios profesionales para aquellas".
