El empresario de Servinabar, Antxon Alonso, ha declarado ante el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que el contrato por el que Santos Cerdán compraba un 45 por ciento de las participaciones sí que se firmó, pero como explicó Santos Cerdán quedó en nada cuando decidió no dejar la política. Alonso ha dicho que ese contrato privado se quedó en una caja, pero que jamás tuvo validez ni se ejecutó.
En su declaración, Antxon Alonso ha dicho que contrató a Koldo García durante nueve meses porque el que fuera exasesor de José Luis Ábalos estaba en paro. Pero que el sueldo total en ese tiempo fue de 5.500 euros, lo que saldría a uno 500 euros mensuales. Sobre las obras, ha aseverado que como Servinabar, desde 2017, tan solo obtuvo una obra pública, que el resto eran privadas. Respecto de las que obtuvo en UTE con Acciona, el empresario dice que de 20 a las que se presentaron, tan solo les dieron unas cinco.
Antxon Alonso ha declarado: "Jamás he cometido las ilegalidades que figuran en el informe de la UCO. No tengo relación con el resto de empresas del informe. Cerdán no tiene nada que ver con Servinabar, lo conocí siendo concejal en la oposición para unas obras de viviendas que no salieron por la crisis". Ha reconocido que tienen relación de amistad, y más en los últimos años, y sobre el piso de Madrid ha explicado que tenía 40 metros, y que como él venía mucho por trabajo a Madrid se alquiló el piso. Sobre Santos Cerdán dice que como estaba mal de dinero y eran amigos, le dejó quedarse en el piso. Respecto de los 4.500 euros de Fidelso que recibió la hija de Ábalos dice que fue una donación aislada porque le pareció interesante el objeto de la asociación.
También ha sido llamativa la declaración de Fernando Merino, exdirectivo de Acciona, quien ha 'elevado' el tiro. Merino ha asegurado que no era él la persona que decidía a qué adjudicaciones presentar propuestas, ni con qué empresas se debían conformar las UTE para realizar los proyectos de obra. Merino ha negado haber pagado nada que no fueran las 'típicas' comidas de empresa en la bar Franki de Pamplona. El fiscal ha pedido medidas cautelares para ambos consistentes en la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales, hecho que, como ya hiciera con el resto de empresarios, ha otorgado el magistrado instructor..
