El juez del 'caso Koldo' rechaza la petición de PP y extrema derecha de expulsar al PSOE de la acusación popular

Después de la petición formulada por PP, Vox y organizaciones de ultraderecha, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha desestimado expulsar al PSOE de la acusación popular del 'caso Koldo', al considerar que "no deja de ser una conjetura" asegurar que la formación socialista "está siendo objeto de investigación en la misma causa" en la que se postula como acusación popular.

Al hilo de ello, el magistrado añade en su argumentario que la pertenencia de parte de los investigados a la formación política "no es suficiente para establecer una realación necesaria de defensa o de apoyo procesal de tal o tales investigados, a falta de actuaciones procesales concretas y determinadas".

La decisión del juez llega después de que el pasado siete de noviembre PP, Vox, UPN y diferentes organizaciones de extrema derecha que actúan de acusación popular en el 'caso Koldo' solicitaran al magistrado que expulsara al PSOE después de que este aceptara investigar las presuntas irregularidades en los pagos en metálico de la formación que le envió el Tribunal Supremo. “No puede ejercer la acusación popular quien está siendo objeto de investigación en la misma causa. Es incompatible que una persona investigada actúe como acusación popular, ya que ello suspondría una contradicción con la finalidad de la figura y podría afectar a la imparcialidad y al buen desarrollo del proceso penal”, alegaron en ese momento los solicitantes de la expulsión de la formación socialista. 

En este mismo escrito en el que expresaban la mencionada petición, los populares hacían énfasis en el auto del juez Leopoldo Puente “sobre posibles pagos en metálico realizados por el PSOE” a José Luis Ábalos cuando trabajaba como secretario de Organización y ministro de Transportes, y a su asesor Koldo García, que -según rezaba en el auto- "no estarían reflejados en la información oficial facilitada por el partido" en la causa del Supremo. En esta línea, Puente deslizó la posbilidad de que el grupo socialista estuviera implicado en el blanqueamiento de fondos vinculados a actividades ilícitas cometidas por Ábalos y Koldo, y terminó remitiendo a la Audiencia Nacional estos indicios al considerar que el magistrado Ismael Moreno es competente para ello.

Las razones del PSOE que ahora respalda la Audiencia Nacional

Poco después de conocerse la petición formulada, por PP, Vox y organizaciones ultras, el propio PSOE, a través de su representación legal, y después de que la Fiscalía rechara la petición, presentó un escrito ante la Audiencia Nacional en el que argumentaba por qué deben seguir siendo acusación popular.

Así, los socialistas expresaron que no existe ningún pago del partido que no se encuentre debidamente contabilizado. Asimismo, agregaban que no existe ni un solo reembolso que no venga amparado en un recibo o factura presentado como justificante. Por ello, consideraron que el PP les quiere echar por motivaciones políticas, cuando el partido no está siendo investigado. En su escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, señalaron varios hitos y explicaron las motivaciones de sus pagos en efectivo.

En primer lugar, los socialistas señalan que la causa “corre el serio riesgo de desviar su objeto hacia la prospección”, algo que cuadra con que la representación que agrupa al Partido Popular y a Vox quiera orientar dicho objeto hacia la contabilidad del PSOE. Es decir, emplear su personación como instrumento de acoso político contra el adversario en lugar de estar interesados en el esclarecimiento de los hechos.

Con el fin de sustentar todo ello, desde el Partido Socialista señalaron los siguientes hitos procesales:

• Tras la apertura de diligencias a raíz de la querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública en relación con los contratos de emergencia relacionados con la pandemia del coronavirus formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, el PSOE se personó como acusación popular, pese a que posteriormente se acordó agrupar todas las acusaciones populares bajo la dirección y representación del PP.
   
• Con la presentación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se aportarían indicios de adjudicación indebida de obra pública por parte de entidades dependientes del Ministerio de Transportes supuestamente lograda a cambio de pago de comisiones por parte de las adjudicatarias, el juez acordó nuevas diligencias.
  
  Entre estas, se pidió al PSOE que facilitara la cuenta de correo corporativo de Santos Cerdán (entregado sin demora alguna), se solicitó al partido que informara de todas las cantidades abonadas o transferidas a Ábalos entre 2014  y 2024 (requerimiento cumplimentado en tiempo y forma), se reclamó información acerca de las cuotas abonadas, donaciones realizadas, liquidaciones de gastos incurridos, pagos de servicios o retribuciones devengadas por Santos Cerdán, Patricia Uriz y los hermanos Koldo y Joseba García (el PSOE cumplió presentando la información) y, además, el PSOE presentó ante el Tribunal Supremo documentación complementaria respecto a las cuestiones interesadas.
  
  “Esta clara y manifiesta colaboración del Partido Socialista se ha extendido desde el inicio de las actuaciones y responde al compromiso de mi mandante con la verdad y la justicia”, señalan en el escrito remitido a la Audiencia Nacional.
   
• Respecto al ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán, aduciendo riesgo de destrucción de pruebas, el instructor del caso aclaraba que no había encontrado los pagos de las comisiones sugeridas por la Guardia Civil. Sin embargo, el hecho de no encontrar estos pagos irregulares no se interpretó, como podría esperarse, como indicio de descargo sino más bien como indicio de cargo: se arguyó que la inexistencia de pruebas demostraría que las supuestas comisiones habrían podido ir dirigidas a terceras personas, físicas o jurídicas.
   
• Más tarde, el juez instructor reclamó a la UCO la elaboración de un informe sobre la situación patrimonial de Santos Cerdán, que no consta que se haya entregado, pese a que ya han pasado casi cinco meses.
   
• Sí se entrega meses después un informe económico-patrimonial referido a José Luis Ábalos, aunque no habría ofrecido indicios relevantes de que el exministro hubiera tenido incrementos significativos de patrimonio ni hubiera manejado el supuesto “botín”.
  
  Pero lo que sí se reserva en este informe es un apartado sobre los “fondos en efectivo procedentes del PSOE”. Esto fue lo que motivó al instructor a citar a declarar como testigos a una empleada y al antiguo gerente del PSOE. Pero el PSOE aclaró que se gestionaron cobros de gastos que habían sido pagados por los investigados, pero que siempre se hacía con previa presentación de facturas y recibos de dichos gastos.