La empresa constructora OHL vuelve a situarse bajo el foco de la justicia. Según publica El Confidencial, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado documentación incautada en el marco de la Operación Lezo que demostraría que la compañía pagó presuntamente sobornos millonarios a funcionarios y altos cargos de distintas administraciones para obtener contratos de obras públicas.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción sitúan el montante total de pagos en calidad de comisiones en más de 40 millones de euros desde el año 2003.
OHL focalizó supuestamente lo pagos en el Ministerio de Fomento y las administraciones de Madrid, Andalucía y Canarías.
Por el momento, solo hay dos directivos imputados: Felicísimo Ramos, exdirector de gestión de OHL que haría las veces de conseguidor; y el exdirector general de Obra Civil Nacional de OHL, Paulino Hernández. Según la UCO, el segundo sería un subordinado del primero.
Ramos, quien se jubiló en el año 2013, ya fue interrogado por la Guardia Civil en el marco del caso Lezo. Entonces, admitió haber ordenado el pago de comisiones por razón de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a fin y efecto de obtener la construcción y gestión del tren de Cercanías de Navalcarnero.
El pago habría sido realizado por la filial de OHL en México. Eso sí, finalmente el pago se quedó por el camino.
Los investigadores consideran que Ramos desempañaba una función muy determinada en la estructura y un modus operandi identificable: el pago de comisiones a funcionarios para conseguir obras públicas.
Por otro lado, llama la atención que Paulino Hernández, que estuvo en la compañía entre enero de 2011 y mayo de 2017, saltara del barco apenas un mes después de que la Guardia Civil entrara en la sede de OHL en el marco de la Operación Lezo.
