La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, emitirá un decreto con una extensa y pormenorizada explicación en la que procederá al archivo de las diligencias prejudiciales de los presuntos (y no perseguibles) comportamientos irregulares de Juan Carlos I, según ha avanzado El Confidencial. Las pesquisas, iniciadas el pasado 5 de junio de 2020, las dirige, por poco tiempo, el entonces fiscal de Sala y actual teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, debido a la condición de aforado del Rey emérito.

El equipo de fiscales que comanda Campos, donde colabora el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha concluido que el padre de Felipe VI no es imputable debido a la concurrencia de la inviolabilidad que le concede la Constitución mientras se desempeñaba como jefe del Estado o bien por la prescripción de algunos hechos y las excusas presentadas en forma de regularizaciones los pasados meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021.

Así, el Ministerio Público no considera necesaria la citación al Emérito con el fin de que preste declaración en las diligencias, sobre todo tras haber recibido las de Álvaro de Orleans, la de su amigo Sanginés-Krause y la del coronel y ayudante de campo del ex jefe del Estado Nicolás Murga.

La Fiscalía del Supremo ya dispone de dos informes de la Agencia Tributaria de las respuestas “suficientes” a las comisiones rogatorias y del resto de indagaciones practicadas, según ha desvelado El Confidencial.

El decreto que emitirá la fiscal general del Estado expondrá el grueso de las indagaciones y sus resultados mediante una explicación “dura” y pormenorizada. No obstante, aunque su conclusión quede alejada de la posibilidad de interponer denuncia o querella contra el Rey Emérito, esto no implica ni conlleva el sobreseimiento del caso. Por lo tanto, las investigaciones podrían reabrirse en el caso de que se hallasen nuevos indicios.

En este caso, la Fiscalía conserva en su plenitud la potestad de investigación bajo el amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 773) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Art. 5). La Circular del Ministerio Público que domina este ámbito concluye lo siguiente en este supuesto: “La naturaleza preprocesal y no jurisdiccional de las actuaciones del fiscal lleva a la conclusión lógica de que la decisión de archivo en ningún caso podrá equipararse ni en su naturaleza ni en sus efectos jurídicos a la decisión de sobreseimiento del juez de instrucción”

Se procederá, por tanto, al archivo de las diligencias indagatorias antes de que en el próximo mes de diciembre tuvieran que prorrogarse, lo que hubiera supuesto una demora que tratan de evitar en el Ministerio Público. Hasta la fecha, se han prorrogado hasta en dos ocasiones las actuales con una duración de más de un año, en el caso de empezar a contabilizar desde el inicio del decreto y dos desde el comienzo de las pesquisas.

La Fiscalía preveía dar carpetazo a la investigación el pasado mes de diciembre. Sin embargo, al descubrir nuevos indicios y al producirse las dos regularizaciones fiscales del ex jefe del Estado, se ha dilatado la toma de decisiones. Desde el Ministerio Público, según El Confidencial, aseguran que Delgado y Campos han abordado este asunto desde el más absoluto profesionalismo, rehuyendo a presiones “políticas y mediáticas”.

El archivo de las investigaciones permitiría a Juan Carlos I regresar de forma temporal a España, aunque no estaría alojado en Zarzuela ni fijaría su residencia en el país.