La Fiscalía ya prepara el archivo de las diligencias abiertas contra Juan Carlos I, abriendo la puerta de par en para su regreso a España. Algunos medios de comunicación apuntan a que el Emérito podría volver por Navidad al país. En Moncloa empiezan a asumir el retorno del ex jefe del Estado y, según El Confidencial, el mensaje que predomina en la parte socialista del Ejecutivo es de “prudencia”, aunque lo cierto es que ya han modulado su discurso pese a mantener intacto su “firme compromiso” con las actuaciones de la Casa Real, personificada en Felipe VI.

El regreso de Don Juan Carlos no está lejos, sobre todo tras conocer las pensamientos que imperan por la Fiscalía General del Estado. El archivo de las diligencias cambia sobremanera el panorama, abriendo un nuevo frente para el Gobierno por el “impacto” que causará en la facción socialista del Ejecutivo, quienes afrontan su retorno con suma “prudencia”. En cualquier caso, según relata El Confidencial, desde el entorno del presidente deslizan que la decisión “corresponde” al actual jefe del Estado.

Altos cargos del Ejecutivo recibieron un breve argumentario a los departamentos ministeriales en el que indicaba que había que esperar al informe oficial de la Fiscalía. Hasta entonces, el Gobierno deberá de guardar silencio sin darle la espalda a la realidad y ésta no pasa sino por el próximo archivo de las investigaciones que cercan a Juan Carlos I. “No podemos ni queremos opinar en este momento”, arguyen desde Moncloa, amparándose en que el caso aún se encuentra en manos del Ministerio Público y “lo tenemos que respetar”.

Y es que el Rey emérito reveló a su biógrafa francesa, Laurence Debray, que tan sólo le bastaría “coger un avión” para regresar a España. No obstante, el ex jefe del Estado admite que en Abu Dabi “no molesto a la Corona”. “Algunos están muy contentos de que me haya marchado”, agregó Juan Carlos I en unas declaraciones recogidas en su obra biográfica.

Moncloa modula su discurso

Si en verano del año pasado el Gobierno atajó la crisis real de manera contundente, ahora se insiste desde el entorno del Pedro Sánchez en “respetar la presunción de inocencia del Rey Emérito”. Estas declaraciones contrarrestan los epítetos que el anterior gabinete vertió sobre las informaciones sobre los presuntos delitos fiscales de Don Juan Carlos, llegando a utilizar las palabras “inquietantes” y “perturbadoras”.

Entre ambas posturas han pasado poco más de 14 meses, incluyendo una renovación del gabinete de Pedro Sánchez. El cambio de actores ha traído consigo este viraje hacia la “prudencia”, pero mantiene intacto su “firme compromiso” con las actuaciones de la actual jefatura del Estado y su postura con respecto a Felipe VI, sin dejar de recalcar en la responsabilidad de la Casa Real para con la “transparencia”. “La institución se encuentra fuera de toda duda”, señalan desde la facción socialista del Gobierno

El archivo de las diligencias

El equipo de fiscales que comanda Campos, donde colabora el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha concluido que el padre de Felipe VI no es imputable debido a la concurrencia de la inviolabilidad que le concede la Constitución mientras se desempeñaba como jefe del Estado o bien por la prescripción de algunos hechos y las excusas presentadas en forma de regularizaciones los pasados meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021.

Así, el Ministerio Público no considera necesaria la citación al Emérito con el fin de que preste declaración en las diligencias, sobre todo tras haber recibido las de Álvaro de Orleans, la de su amigo Sanginés-Krause y la del coronel y ayudante de campo del ex jefe del Estado Nicolás Murga.

La Fiscalía del Supremo ya dispone de dos informes de la Agencia Tributaria de las respuestas “suficientes” a las comisiones rogatorias y del resto de indagaciones practicadas, según ha desvelado El Confidencial.

El decreto que emitirá la fiscal general del Estado expondrá el grueso de las indagaciones y sus resultados mediante una explicación “dura” y pormenorizada. No obstante, aunque su conclusión quede alejada de la posibilidad de interponer denuncia o querella contra el Rey Emérito, esto no implica ni conlleva el sobreseimiento del caso. Por lo tanto, las investigaciones podrían reabrirse en el caso de que se hallasen nuevos indicios.

En este caso, la Fiscalía conserva en su plenitud la potestad de investigación bajo el amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 773) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Art. 5). La Circular del Ministerio Público que domina este ámbito concluye lo siguiente en este supuesto: “La naturaleza preprocesal y no jurisdiccional de las actuaciones del fiscal lleva a la conclusión lógica de que la decisión de archivo en ningún caso podrá equipararse ni en su naturaleza ni en sus efectos jurídicos a la decisión de sobreseimiento del juez de instrucción”

Se procederá, por tanto, al archivo de las diligencias indagatorias antes de que en el próximo mes de diciembre tuvieran que prorrogarse, lo que hubiera supuesto una demora que tratan de evitar en el Ministerio Público. Hasta la fecha, se han prorrogado hasta en dos ocasiones las actuales con una duración de más de un año, en el caso de empezar a contabilizar desde el inicio del decreto y dos desde el comienzo de las pesquisas.