La Fiscalía Anticorrupción pide al juez del Supremo revisar la libertad de Ábalos y Koldo tras la petición de cárcel

Bajo el proceso judicial que investiga el ‘caso Koldo’, este miércoles la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, que revise las medidas cautelares impuestas a los principales investigados: el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, después de reclamar prisión para ambos por la presunta trama de las mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

En un escrito de acusación así lo ha recogido, en el cual solicita que se celebre una vista para modificar las medidas de prohibición de salir de España y, por consiguiente, la retirada del pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial.

Cabe recordar que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, reclama para Ábalos 24 años de prisión, mientras que para Koldo 19 años y medio; además de mencionar al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, para el que pide siete años de cárcel.

Al extitular de Transportes del Gobierno central se le atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada en el denominado ‘caso Koldo’, por el que también se le reclaman hasta 3,9 millones de euros.

A su vez, Anticorrupción también ha pedido que se obligue a Ábalos y Koldo a indemnizar conjunta y solidariamente” a Ineco -en 34.477,86 euros- y a Tragsatec, en su caso 9.500,54 euros, además de "acordar el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, por importe de, al menos, 430.298,4 euros”.

Los contratos de mascarillas

Bajo este telón de fondo, el pasado 3 de noviembre trascendió que el magistrado del Supremo propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por las presuntas irregularidades en los contratos de las mascarillas durante la pandemia a través del Ministerio de Transportes para, según consideró el instructor en el auto, “beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".

Un movimiento que vino después de la división de la causa en dos partes, para dejar la pieza principal en las mascarillas, mientras, la segunda, focalizada en el presunto cobro de comisiones cambio de obras públicas. Asimismo, y en cuanto a los pagos en metálico del PSOE, es otra pieza que ha derivado a la Audiencia Nacional.

Libertad provisional de Santos Cerdán 

Otra de las cuestiones de calado en torno a este proceso judicial que ha trascendido este miércoles ha sido la decisión del juez Puente de poner en libertad provisional al que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras casi cinco meses en la cárcel de Soto del Real.

El magistrado del Supremo ha considerado que se ha mitigado el riesgo de destrucción de pruebas que sí percibió el 30 de junio, cuando el excargo socialista ingresó en prisión. El juez ha señalado en su auto que dicho riesgo de que el investigado pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes, que era muy intenso cuando se dictó la medida de prisión, “aparece ya, como consecuencia de la investigación practicada hasta este momento, seriamente mitigado, habiéndose logrado obtener informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso, -ante posibles intentos de ocultación, alteración o destrucción de sus fuentes-, y con las que ya se cuenta”.