El fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, ha emitido un informe en el que se muestra contrario a las intenciones del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que pretende que el Alto Tribunal investigue al expresidente catalán, Carles Puigdemont, por terrorismo dentro del caso Tsunami. Sin embargo, esta decisión todavía está en el aire, ya que el informe no será firme hasta que, este martes, el mismo sea revisado y votado por la Junta de fiscales de Sala.
En el caso de Redondo, ha seguido la línea marcada por su compañero de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quien enmarcó los sucedido en el año 2009 en Cataluña dentro de un delito de desórdenes graves y daños, pero no vio en ningún momento un delito de terrorismo que hubiera podido cometer Puigdemont o cuaquiera de los aforados a los que García-Castellón pretende que investigue el Alto Tribunal.
El escrito del juez
El informe del fiscal es totamente contrario al escrito que ha enviado al Supremo García-Castellón donde señala que Carles Puigdemont se situaría en el vértice más alto de la organización de Tsunami Democratic y añade que su posición como expresidente, y líder desde Bruselas del independentismo, le confiere “una posición de autoridad incuestionable”. Según asevera el juez, existen indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami. Entre esos indicios, asegura que se encuentran los mensajes a través del móvil entre los investigados Josep Lluís Alay y Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma de Tsunami.
También se infiere el rol de liderazgo de Puigdemont en Tsunami, continúa el instructor, de una conversación mantenida con el investigado Campmajó en la que discuten sobre la actitud que están teniendo los dirigentes políticos catalanes con relación a la sentencia del procés. A lo largo de escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción Seis repasa las acciones que se atribuyen a Tsunami Democratic en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés, como la huelga general del 18 de octubre de 2019, el intento de afectación de las elecciones generales de noviembre o el bloqueo de Infraestructuras críticas del Estado o de Europea, como a su juicio fueron las acciones realizadas en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y de la torre de control Enaire de Barcelona-Gavà.
En relación con esto último, el García-Castellón destaca la “importancia estratégica de este objetivo, y las graves consecuencias que pudiera haber tenido para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional el éxito de la acción pretendida. Si TD hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas”.
En su exposición motivada el juez García-Castellón explicaba que en este momento procesal la calificación no puede plantearse en términos excluyentes, sino que, la gravedad de los hechos y su complejidad, permiten subsumirlos en diversas infracciones que encajarían en actos de terrorismo en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea.
