El magistrado del Tribunal Constitucional, y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo ha remitido un escrito en el que solicita abstenerse de las votaciones de los recursos sobre la futura ley de amnistía. El motivo que ha alegado es que él fue la persona que firmó los indultos del procés y que lo hizo como ministro del Gobierno que ahora va a aprobar la ley, pero además se da la circunstancia de que en la propuesta de indulto que formuló, tildaba una posibe amnistía de inconstitucional.
El Tribunal de Garantías ya ha comenzado a recibir impusganciones sobre la ley, y eso que todavía no ha comenzado el trámite parlamentario para aprobarla. En el reparto de asuntos, una de esas impuganciones ha recaído en Campo, tal y como ha avanzado El Español, lo que ha hecho que el exministro de Sánchez envíe el escrito solicitando su abstención para evitar contaminar el resultado que salga de las votaciones sobre la nueva ley que pretende aprobar el Gobierno.
Ante la petición del magistrado, el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido ha respondido: "Este recurso de amparo se encuentra todavía en una fase preliminar de subsanación de defectos procesales advertidos en la presentación de la demanda. En su momento, y si procediera por continuar adelante el recurso en el que se formula, el Pleno resolverá sobre la solicitud del magistrado".
Pese a la presumible salida de Campo de las deliberaciones, el equilibrio de mayorías entre progresistas y conservadores no se vería afectada. Actualmente, el bloque progresista cuenta con siete magistrados, mientras que el conservador está formado por cuatro, hay una plaza por nombrar. La salida del exministro dejaría la votación en seis a cuatro a favor del bloque liderado por el presidente Cándido Conde-Pumpido. Este último se prevé que reciva una lluvia de recusaciones a las que, según las fuentes consultadas, el presidente pretende no dar pábulo, pues no es su intención apartarse de este asunto. Entre esas recusaciones planean las de Laura Díez y Enrique Arnaldo, la primera ex alto cargo del Gobierno, el segundo muy vinculado al PP, del que llego a ser su abogado en varios procedimientos.
Los indultos
Uno de los motivos principales que ha llevado a Juan Carlos Campo ha solicitar apartarse es que firmó los indultos a los con denados del procés, lo que contaminaría su decisión. Pero se da el hecho de que, además, dentro del texto que redactó para motivar estas medidas de gracia que otorgó el Gobierno a los condenados del procés, Campo asegura que la amnistía es inconstitucional.
Así, en la propuesta de indulto a Oriol Junqueras se puede leer: "La concesión de la gracia traerá consigo la consecuencia propia de todo indulto particular, esto es, la de excepcionar el cumplimiento de la pena indultada o conmutada, pero con la persistencia del delito. Persistencia que en caso de reiteración delictiva llevaría consigo la apreciación de los antecedentes penales. A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito".
La ley de amnistía
El anteproyecto de ley de amnistía presentado en el Congreso de los Diputados sostiene su constitucionalidad, tal y como adelantaba en un debate el expresidente del Tribunal de Garantías, Pascual Sala, en tener una finalidad puramente constitucional y buscar la convivencia. Además de en tres patas jurídicas como son los principios de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación.
En el texto se explica que, con la aprobación de esta ley orgánica, por tanto, lo que el legislador pretende es excepcionar la aplicación de normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catalán “en aras del interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho”, hecho fundamental para Salas en su discurso, “y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político”.
Esta ley orgánica “es un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador; una demostración de respeto a la ciudadanía y de que la aplicación de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo. Por tanto, esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho no son, ni deben ser, inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario, y que por tanto este debe tener la capacidad de actualizarse adaptándose al contexto de cada momento”.
