Manuel García Castellón, magistrado de la Púnica, ha rechazado archivar la causa abierta contra la ex consejera de Educación de Madrid Lucía Figar. Este mandato del juez se basa en las últimas investigaciones llevadas a cabo por Anticorrupción en las que se acercan a los contratos que Figar habría adjudicado a empresas vinculadas a Alejandro de Pedro, como contrapartida a labores de imagen que este realizó a través de las redes sociales.
Según el auto al que ha tenido acceso ElPlural.com, García Castellón relata que se antoja "imposible" estipular la responsabilidad de Lucía Figar debido a que aún no se ha concluido esta parte de las pesquisas. Además, el instructor no descarta que la exconsejera tenga que declarar de nuevo como investigada. De esta manera, rechaza la petición de sobreseimiento solicitada por la defensa el pasado 12 de mayo de 2017.
Anticorrupción, por su parte apunta a las adjudicaciones de contratos públicos que Figar habría entregado "a dedo" en calidad de consejera de Educación a las empresas de De Pedro, los cuales tenían como función compensar los trabajos de la firma Eico Online, propiedad del 'conseguidor' de la trama Púnica.
En la sentencia, el instructor asegura que existen "claros indicios" contra la investigada "por haber perpetrado irregularidades". Figar otorgó "de forma reiterada" contratos públicos tanto a De Pedro como a José Antonio Conesa.
Elogios desde perfiles falsos
García Castellón, según recoge en este auto emitido el pasado 12 de febrero al que ha tenido acceso ElPlural.com, relata que Lucía Figar fue de las primeras acusadas en contratar los servicios de De Pedro, que se iniciaron en 2010 y tuvieron su límite en el año 2014. El instructor asegura que estos se repetían mensualmente.
Estos servicios "incluían la generación de mensajes en redes sociales a través de identidades digitales falsas", los cuales servían para enaltecer la figura de la ex consejera de Educación. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) "intervino un fichero excel con perfiles falsos" de la red social Twitter que estaban "controlados por Eico para Lucía Figar".
Además, desvela que este procedimiento "se repitió en todas las instituciones en las que se comprometieron a mejorar la imagen pública de los beneficiados". Con este "modus operandi", las empresas de De Pedro anulaban las informaciones negativas de todos los políticos que contrataron estos servicios. Pero no sólo se circunscribía a Twitter, sino que también se crearon perfiles falsos en Facebook con mensajes positivos de todos los implicados.
21.000 euros
Según el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, se encuentran "los nombres de cuatro empresas para facturar" los servicios. Entre tanto, los cargos emitidos a la Consejería se presentaron desde Eico pero en nombre de las cuatro sociedades anteriores.
Además, destaca "el fraccionamiento de los trabajos", aunque siempre "sin rebasar la cuantía del contrato menor" por valor de 21.000 euros. Este método permitía ocultar la adjudicación directa a Eico y, por ende, a De Pedro y, así, simular la existencia de varias empresas.
