El juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Púnica, ha vuelto a desestimar la petición de archivar la causa contra Tatiana Recorder Vallina, exjefe de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid y pieza clave en la posible implicación de Cristina Cifuentes en la adjudicación irregular de la cafetería del Parlamento regional al grupo de Arturo Fernández. En un auto de enero, al que ha tenido acceso ElPlural.com, el magistrado Manuel García Castellón vuelve a dar portazo a las pretensiones de sus abogados y recuerda la “incompatibilidad” en la que incurrió Cifuentes.

Los hechos se remontan a hace una década, cuando entre 2009 y 2011 la gestión de la cafetería recayó en el grupo Cantoblanco, del exlíder de la patronal madrileña Arturo Fernández. En este caso, se investiga un posible contrato irregular y la financiación ilegal del PP de Madrid y para ello, el foco de la Guardia Civil se puso en Cristina Cifuentes, que llegó a acusar a la entonces presidenta de Madrid de “prevaricación continuada y cohecho”.

Las sospechas se basan en un triángulo con Cifuentes en sus tres vértices. En aquel entonces, ella era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y, como tal, estuvo en la mesa de contratación que dio el visto bueno a la adjudicación a Arturo Fernández. También estaba en el comité de expertos que valoró la oferta de Arturo Fernández, lo que le hacía juez y parte y lo que el juez tacha de “incompatibilidad”. Y, para cerrar el triángulo, era miembro del Patronato de Fundescam, la fundación a la que Arturo Fernández donó 160.000 euros que sirvieron para sufragar los gastos electorales del PP de Madrid.

La “incompatibilidad” de Cifuentes, que la Guardia Civil elevó a la categoría de presunto delito y que provocó la ira de la entonces presidenta y que el juez Eloy Velasco saliese a aclarar que no pensaba pedir su imputación, es la clave que protagoniza Tania Recoder, porque como jefa de los servicios jurídicos tenía que haber alertado de esa circunstancia. Por eso, y porque según el juez no se puede “determinar en este momento si esa circunstancia fue fruto de la ignorancia o con intencionalidad”, vuelve a rechazar el sobreseimiento de la causa contra ella.

Como decimos, no es el primer intento de la defensa de Recoder para archivar la causa. Ya lo intentó a principios de 2018 y se llevó idéntica respuesta del juez. Pero hay algunas diferencias. En aquella respuesta ya fue llamativa la inclusión del nombre de Cristina Cifuentes. Se había dado un cambio de juez: Eloy Velasco, quien hiciera algo tan inaudito como salir a aclarar que no pensaba pedir la imputación de Cifuentes. De paso, desacreditaba a la Guardia Civil por atribuir delitos, algo que era habitual y que desde entonces ha dejado de hacerse en los informes de la UCO. Poco después, Velasco fue ascendido a la deseada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y sustituido por Manuel García Castellón.

La otra diferencia es que, cuando se le dio la primera negativa a Recoder, Cifuentes todavía era presidenta de la Comunidad de Madrid, diputada regional y, por tanto, aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ahora, tras su dimisión forzada por el escándalo del máster falso y el vídeo del hurto de unas cremas, Cifuentes está libre del blindaje judicial y la Audiencia Nacional puede imputarla por aquellos delitos que le atribuyó la Guardia Civil.