Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, sospecha que en Almendralejo se iban a repartir “180.000 euros” en el marco de la trama de contratos de eficiencia energética “amañados”.
El magistrado lo explica así en el auto que reordena la pieza separada del fraude de contratos a Cofely. Sostiene que hasta cinco exalcaldes de municipios madrileños que están investigados en Púnica, pudieron repartirse un millón de euros con contratos millonarios previamente amañados del sector energético.
García Castellón detalla la labor de estos para amañar los contratos con consistorios de toda España, entre los que destacan algunos ayuntamientos madrileños, pero también el de Almendralejo.
El juez relata que “estos contratos incluían cláusulas que obligaban a la compañía a abonar partidas sospechosas a terceras empresas. En el documento se añade que eran presuntamente gastos generados por los “trabajos que había necesitado el departamento de back office para llegar a ganar la adjudicación”.
Establecían, además, conceptos “ficticios” con el fin de que los fondos de la adjudicación se desviaran. Según las auditorías, además, se abonaban con fondos a Ruta Energética, una sociedad vinculada a David Marjaliza, amén de a Consultoría Lumínica. Pero había, también otro proveedor. Se trataba de Cofely. Lo hicieron, según el juez, a través de “facturas falsas justificadas por capítulos ficticios”.
En el auto, García Castellón enumera los alcaldes del Partido Popular que percibieron mordidas. De este modo, se expone que el alcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada, percibió 30.000 euros. Bartolomé González, ex regidor de Alcalá de Henares, 60.000. También se encuentran Antonio Sánchez y Agustín Juárez, 25.000 y 400.000. Un total de 180.000 euros a repartir entre todos ellos.
