El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas a la juez de Catarroja que investiga la gestión de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, tras las quejas presentadas por la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa. A estas quejas se sumó después otro investigado, Emilio Argüeso.

El Poder Judicial ha abierto estas diligencias informativas a la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, tal como ha publicado OK Diario y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

No obstante, la apertura de estas diligencias es el procedimiento habitual siempre que se recibe una queja contra un juez. En este momento se comprueba si hay materia disciplinaria o si se archiva la queja por no haber una infracción o no ser los hechos competencia del Poder Judicial.

Las quejas de Pradas

La exconsellera Salomé Pradas presentó las quejas al ver su derecho de defensa "gravemente afectado" por resoluciones judiciales que, a su entender, contenían frases categóricas sin suficiente base probatoria y "afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria".

Fue en mayo cuando la defensa de Pradas presentó una queja en la que ponía en cuestión el auto de imputación dictado por la juez el pasado 10 de marzo, que hablaba de un aviso tardío y erróneo a la población, y otro dictado el 9 de mayo donde se apuntaba a "manifiesta pasividad" a la hora de alertar.

El letrado de Pradas también habló en su queja de "falta de imparcialidad" y de opiniones predeterminadas de la jueza o de "la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial", aludiendo a la supuesta presencia en el juzgado del marido de la magistrada, de la que informaron varios medios.

Después, Pradas amplió su queja por la forma en la que se transcribió su declaración del pasado 11 de abril.

A estas quejas se sumó el pasado 31 de julio el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, cuya defensa pidió la suspensión de esta magistrada y de su marido, magistrado del Juzgado número 4 de Valencia, y que "continúe la instrucción su sustituto legal".

Además de sumarse a los argumentos de Pradas, Argüeso acusó a la juez de haber actuado de "forma antijurídica" al no acumular las acusaciones populares en la causa o de no concretar el motivo de las imputaciones.

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