La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este viernes una de las decisiones de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado: llamar a declarar a Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, acusadas de un presunto delito de malversación de caudales públicos. El tribunal provincial tilda de “dudoso” que Álvarez sea “amiga íntima” de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no un “funcionario experto”. De esta forma, da luz verde a que se indague en si llegó a existir o no una “desviación de sus funciones” para, por ejemplo, ayudar a Gómez en sus labores académicas la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En el auto, los magistrados de la Audiencia Provincial desestiman el recurso de ambas investigadas contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid de llamarlas a declarar por ese delito, y subrayan que las conductas que trata el juez de instrucción en el auto recurrido "parecen encajar en la figura delictiva de la malversación". "En la causa constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente", indica, "sin que por el momento se pueda llegar a ninguna conclusión relativa a la continuación por los trámites de la fase intermedia o el sobreseimiento de la causa, en cuanto que la instrucción sigue viva".
A su vez, los magistrados añaden que "probablemente la actividad de Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios".
La decisión del juez Peinado
Fue el pasado 18 de agosto cuando el juez Peinado acordó imputar a la esposa de Pedro Sánchez y a Álvarez por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en Moncloa. La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid llegaba después de que el pasado 12 de junio la Audiencia Provincial elevara un auto en el que instaba investigar un presunto delito de malversación de fondos públicos referente a las actividades de Álvarez en La Moncloa. En dicho auto, la Sección 23 de la Audiencia planteaba "qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar" -a Álvarez-. Asimismo sostenía: "La investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
“Ya que las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del Presidente del Gobierno, la medida consistente en conocer el registro de llamadas entrantes y salientes y los concretos destinatarios resulta imprescindible ante los intentos de ocultar datos y fechas, que son necesarias a la hora de poder valorar su intervención, sirviendo de ejemplo la declaración del Vicerrector Sr. Doadrio, que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistenta Cristina Álvarez Rodríguez, añadiendo que ésta última era la persona de confianza ya que siempre la acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los Correos”, reza el auto.
Con ello, el juez Peinado retomaba la investigación que dejó pausada cuando pidió al Alto Tribunal la imputación del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presunta malversación en la contratación de Álvarez y por falso testimonio. No obstante, el Supremo rechazaba la petición del juez. En el auto, el Supremo subrayaba la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud de la participación de la persona aforada".
Tras ello, en este auto se señala que Peinado fue conocedor de ello a través del Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial "a través de una comunicación recibida en el ámbito de unas diligencias informativas". "Es, por tanto, procedente citar en calidad de investigadas, por el supuesto delito de malversación de caudales o efectos públicos a Cristina Álvarez Rodríguez, y a Begoña Gómez Fernández, señalándose el próximo día 10 de septiembre de 2025, a las 11:00 horas de la mañana la declaración de la investigada, Cristina Álvarez Rodríguez, y el próximo día 11 de septiembre de 2025, a las 10:30 horas la declaración de la investigada Begoña Gómez.
