El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este jueves el archivo de la causa abierta contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, dentro del conocido como caso Begoña Gómez, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le instara a retirarle la condición de investigado al considerar que su imputación se sustentaba en “meras suposiciones”.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decreta el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a Martín Aguirre, que había sido investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La decisión llega tras el pronunciamiento de la Audiencia, que corrigió la línea seguida inicialmente por el instructor.
La imputación fue acordada el pasado mes de mayo, cuando Peinado admitió a trámite una querella presentada por Vox y citó como investigado al delegado del Gobierno por su supuesta participación en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa y esposa del presidente del Gobierno. Según el auto inicial, Martín Aguirre habría intervenido “aparentemente” en ese proceso desde su cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2021.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid concluyó que no existían indicios suficientes que justificaran la imputación, subrayando que la atribución de responsabilidad penal se apoyaba en conjeturas y no en hechos concretos acreditados. A raíz de ese pronunciamiento, el juez Peinado ha procedido ahora a archivar la causa en lo relativo al delegado del Gobierno.
El sobreseimiento deja fuera de la investigación a Francisco Martín Aguirre y supone un revés para la estrategia judicial impulsada por Vox en esta pieza del procedimiento, al tiempo que refuerza el criterio de la Audiencia sobre los límites de la imputación penal cuando no concurren indicios sólidos.
"No consta que supierda nada"
Los magistrados consideraron en esa resolución que "no consta que supiera" que la asesora Cristina Álvarez estuviera "excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez", "tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad".
La Audiencia de Madrid estimó esos recursos, a los que se sumaron las defensas tanto de Gómez como de Álvarez, recordando que ya en junio se pronunció sobre que la investigación tenía que centrarse en si el desempeño de las funciones públicas de la asesora han sido sobrepasadas para favorecer el presunto "plan delictivo" de Gómez. "Ya que las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, en dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno", añadían en un auto.
Para los magistrados, esa "debía ser la dirección que debería tomar la instrucción respecto de la citada encausada, no encontrándose la razón de dirigir una nueva querella acumulada contra el que se supone hubiera de fiscalizar la función de dicho cargo de confianza, porque no se proporciona el más mínimo indicio de que el citado cargo tenga esa supuesta función de control". "Resulta responsable el que utiliza en interés particular el citado cargo público y también lo es quien debiendo de limitarse a sus funciones, las sobrepasa colaborando con la referida actividad particular de la principal investigada", agregaban.
A ello sumaban que "los recurrentes casi de forma unánime se centran en la legalidad del nombramiento de Álvarez como asistente de la mujer del presidente del Gobierno, cuestión que está fuera de toda duda".
La Audiencia de Madrid resolvió este asunto días después de que el juez instructor preguntara a las partes si consideran pertinente archivar el caso para el delegado del Gobierno en Madrid, toda vez que la Fiscalía así lo pidió al considerar "incomprensible" que continuase investigado después de que Peinado exonerara a la última imputada, la secretaria general de Presidencia, Judith González, sucesora de Martín Aguirre.
En esta causa, Peinado investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.
La esposa de Pedro Sánchez es la única investigada a la que imputa los cinco delitos, mientras que a Martín Aguirre solo le achacaba el de malversación por la contratación y el desempeño de las funciones de Álvarez como asesora de Gómez.
