La Audiencia de Madrid avala a Peinado para pedir los registros de llamadas de la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, tras varios reveses en los últimos veces, ha encontrado en la Audiencia Provincial de Madrid un aliado de última hora. Al menos, a medias. El tribunal ha avalado la decisión del instructor para reclamar los registros de las llamadas de Cristina Álvarez, asesora en Moncloa de Begoña Gómez, vinculados con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con las empresas patrocinadoras de la cátedra, o con el empresario Juan Carlos Barrabés. No obstante, ha puesto freno a las relativas con Globalia, Air Europa o el África Center.

La Audiencia ha estimado parcialmente el recurso presentado por la defensa de Álvarez, al que se sumaron tanto el Ministerio Público como la defensa de la esposa del presidente del Gobierno, contra la decisión del magistrado instructor de solicitar los registros de llamadas de la exdirectora general del Ministerio de Industria y encargar un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tal y como consta en un auto publicado por Europa Press.

La defensa de Cristina Álvarez había sostenido que la decisión del juez instructor carecía de motivación y que se había hecho un uso “ilícito” de la información obtenida cuando su clienta declaró como testigo, antes de que se le atribuyera formalmente la condición de investigada. Según esa argumentación, la solicitud de los registros telefónicos se produjo en un momento procesal inadecuado, lo que invalidaría la diligencia al no cumplirse los requisitos legales exigidos.

La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, no ha aceptado en su totalidad ese planteamiento y ha limitado el alcance de la anulación pedida. En su auto, los magistrados de la Sección 23 establecen que los registros de llamadas reclamados por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid deberán circunscribirse únicamente al objeto concreto de la investigación, dejando fuera cualquier información vinculada a las empresas Globalia, Air Europa y África Center, en coherencia con lo que ya habían resuelto en ocasiones anteriores.

No es la primera vez que la Audiencia llama la atención al juez Juan Carlos Peinado, responsable de la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En resoluciones previas, el tribunal ya había instado al magistrado a excluir de la investigación toda línea relacionada con el rescate público de Air Europa, al entender que ese asunto no guarda relación directa con el procedimiento en curso.

El nuevo auto también confirma la condición de investigada de Cristina Álvarez. Los magistrados recuerdan que el juez instructor puede adoptar las medidas que considere oportunas para avanzar en la causa, siempre que lo haga dentro de los principios de especialidad, proporcionalidad, idoneidad, excepcionalidad y necesidad.

En cuanto al número de teléfono objeto de la investigación, la Audiencia aclara que fue aportado durante la declaración testifical de Álvarez - una diligencia que el propio tribunal ya declaró inválida -, pero precisa que dicho dato podía haberse obtenido igualmente por otras vías. Al tratarse de una línea oficial del Palacio de la Moncloa, los jueces consideran que su utilización no supone vulneración alguna de derechos fundamentales ni justifica anular la prueba.

“Al no ser el único medio a través del cual pudiera conocerse el número citado, no puede declararse la nulidad del dato obtenido”, señala el auto. Además, el tribunal matiza que la identificación de las líneas telefónicas que contactaron con ese dispositivo constituye una diligencia de investigación que apenas afecta a la intimidad de la persona implicada, al tratarse de una medida limitada y proporcionada.