Andrés Martínez Arrieta, ponente en la inhabilitación de Baltasar Garzón, lo es ahora con García Ortiz

El Tribunal Supremo ha condenado, con cinco votos a favor y dos en contra, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados. Los cinco magistrados conservadores que componen el tribunal que ha juzgado a García Ortiz han unido su mayoría para condenar al investigado, frente a los votos particulares, en contra, de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer. Polo, la ponente, ha propuesto la absolución, por lo que la han apartado y redactará la sentencia el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

Andrés Martínez Arrieta ha sido el juez encargado de presidir al tribunal, un papel que le ha correspondido como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo. Es el número uno del escalafón de la carrera judicial, y ya saltó al foco tras inhabilitar a Baltasar Garzón por las escuchas ordenadas en prisión a acusados de la trama Gürtel.

Arrieta es uno de los magistrados con carrera más temprana en el Supremo: ingresó en 1998, con 43 años, en pleno primer Gobierno de José María Aznar. Participó en la fundación de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de corte moderado y composición mayoritariamente conservadora. Aunque cultiva una imagen de mesura e independencia, su reciente elección para presidir la Sala se materializó con el apoyo del sector conservador del CGPJ, en detrimento de la candidata progresista Ana Ferrer.

Ha intervenido en decisiones de alto voltaje institucional. En 2012 formó parte del tribunal que inhabilitó a Baltasar Garzón por las escuchas ordenadas en prisión a acusados de Gürtel, fallo unánime y polémico por sus implicaciones sobre la lucha contra la corrupción. También integró el tribunal del ‘procés’ (2019) que condenó por sedición a los líderes independentistas. Además, por designación del CGPJ, ha participado en la supervisión judicial de las actividades del CNI, indicio del alto grado de confianza institucional que concita su figura.

Su estilo es el del magistrado templado, reacio a la exposición pública, que evita maximalismos y fomenta consensos. Sin embargo, su trayectoria de nombramientos y apoyos refleja una sintonía estructural con el bloque conservador que domina la Sala desde hace años.

La condena al fiscal general del Estado

Los cinco magistrados de corte conservador del tribunal que ha juzgado al fiscal general del Estado han decidido condenarlo por un delito de revelación de secretos, con lo que se le condena a la pena de multa de 12 meses con una cota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de dos años. Además, se le ordena el pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil, el Supremo declara que el condenado deberá indemnizar a Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.

La sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma.