Acción Cívica, la acusación popular del caso Taula, que investiga el amaño de contratos sistemático en la empresa pública Imelsa, ha solicitado vistilla para pedir la prisión preventiva para Marcos Benavent, más conocido como el ‘yonki’ del dinero. Hasta ahora, Benavent era la garganta profunda de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción Número 18 de Valencia, pero un repentino cambio de abogado le ha llevado a desdecirse de toda colaboración que hubiera podido prestar en estos seis años que dura la instrucción judicial. Acción Cívica expone en su petición que ahora "existe riesgo de fuga", además de la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

Marcos Benavent saltó a la palestra mediática con la famosa frase que les dijo a los medios a la entrada del juzgado: “Aquí va salir mierda a punta pala”. Sin embargo, aquellas declaraciones larguísimas en las que apuntaba a todo ‘bicho viviente’ con su look hippie ya son historia.

Ahora, con el pelo cortado y un vestuario mucho más acorde a su antiguo cargo, gerente de Imelsa, trata de desmontar el caso Imelsa diciendo, entre otras cosas, que manipuló las grabaciones sobre las que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha montado el caso.

De momento, todavía no se sabe cuál será la postura del fiscal Anticorrupción Pablo Ponce ante esta petición adelantada por Las Provincias, pues el escrito se ha hecho público mientras se celebra, precisamente, una de las jornadas de juicio de este caso. La única certeza por el momento es que, cuando el 26 de enero de 2016 la UCO comenzó con las detenciones y los pasos a disposición judicial, el magistrado instructor no decretó ningún ingreso en prisión pese a que, el fiscal, interesó cuatro, entre ellos el del expresidente de la Diputación de Valencia, el popular, Alfonso Rus.

Acción Cívica argumenta su petición en el hecho de que, desde que comenzara la investigación en 2014, nunca se ha valorado pedir esta medida para Benavent porque, hasta ahora, había colaborado con la Justicia para esclarecer lo sucedido en Imelsa, pero que esa colaboración se ha esfumado y, de hecho, en este momento se enfrenta a penas de prisión que podría superar los 20 años de cárcel.