Los sindicatos de Prisiones llevan meses denunciando la falta de protección de funcionarios y reclusos en las cárceles frente al coronavirus. Según organizaciones como Acaip-UGT y APFP, faltan elementos tan básicos como mascarillas, no se realizan los tiempos de cuarentena adecuados cuando se detecta un caso de contagio, ni se actúa con la necesaria rapidez tras un positivo.
El asunto ha llegado a las Cortes, donde el senador Carles Mulet, de Izquierda Confederal, ha planteado una interpelación al Gobierno hasta en dos ocasiones. El Ejecutivo se ha limitado a decir que “se han distribuido todos los materiales de protección necesarios en todos y cada uno de los centros dependientes de la Administración General del Estado” y que “se toman todas las medidas necesarias” para evitar disturbios.
Las preguntas sin contestar por el Gobierno
El Gobierno no ha contestado a preguntas planteadas por el senador, como “por qué no se han repartido mascarillas en cantidad y calidad suficiente y realizado tests en las distintas instituciones penitenciarias”, “¿a qué se debe la diferente distribución de medios de protección a los trabajadores de unos centros respecto a otros?” o “¿qué medidas preventivas se están adoptando entre los trabajadores vulnerables del sistema penitenciario?”.
La denuncia de los sindicatos
El parlamentario se hacía eco de las denuncias llegadas desde los sindicatos: los EPIs facilitados a los funcionarios no son los adecuados y son escasos (en algunos centros se da una mascarilla quirúrgica para 37 horas de trabajo), no se amplía la cuarentena a todas las personas que han tenido contacto con un caso positivo de Covid-19 y el personal en cuarentena se reincorpora antes de lo requerido por Sanidad, y sin realizarles el test.
Una plantilla de funcionarios envejecida de alto riesgo
Los sindicatos han subrayado que no se tiene en cuenta que la plantilla de funcionarios está “envejecida y con patologías previas y que la población interna es vulnerable, por lo que que el virus puede ser mortal para ellos”.
Instituciones Penitenciarias ha permitido reabrir talleres en muchas cárceles sin establecer protocolos específicos de protección. Hoy mismo, el sindicato ACAIP-UGT ha enviado un escrito a esa institución, dependiente del Ministerio del Interior, para denunciar que no se actuó tras el positivo de un instructor de defensa personal que había impartido clases a 20 funcionarios en la prisión de Ocaña II, el 25 de agosto.
Tras dar positivo en la prueba PCR, y a pesar de que Instituciones Penitenciarias estaba informado del caso, sólo se puso en cuarentena al instructor y continuaron impartiéndose las clases. A partir de ahí otros dos funcionarios dieron positivos. Según denuncia el sindicato, "no se aplicó la cuarentena hasta tres días después, el 30 de agosto, cuando ya el resto de participantes en el curso no se encuentra en Ocaña, sino en su localidad de residencia habitual”.
“Como consecuencia de todo ello, hoy nos encontramos con la siguiente situación: 3 positivos confirmados (el Instructor, el tutor y la funcionaria en prácticas ingresada) y 28 trabajadores en cuarentena (los 19 funcionarios en prácticas restantes, el marido y la hija también funcionarios de la ingresada, el instructor suplente y 6 contactos del tutor)”, añade ACAIP-UGT en su comunicación a Instituciones Penitenciarias.
“Estamos por tanto ante una situación que ya es gravísima y que aún puede serlo mucho más por una irresponsabilidad manifiesta en la no toma de decisiones, bien por incapacidad, bien por negligencia", explica el sindicato.
Datos de contagios en las cárceles
Según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, a fecha de 2 de septiembre, el número de positivos en las cárceles españolas asciende a 64 positivos entre los reclusos y 69 entre los funcionarios. Recuperados: 19 trabajadores y 12 internos.
Actualmente, hay 50 casos activos de funcionarios y 52 de presos, mientras que permanecen en observación médica o cuarentena un total de 213 trabajadores y 404 internos.
