Los obispos españoles no se han atrevido a meter sus manos en los casos de abusos sexuales que asolan a la Iglesia católica. Ha tenido que ser un periodista quien elaborase un dossier que ha entregado al propio Papa Francisco. El informe, elaborado por el corresponsal de El País en Roma, Daniel Verdú, recoge 251 nuevos casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española.

La pasada semana, el Sumo Pontífice entregó a la Congregación para la Doctrina de la Fe el informe que le hizo llegar Verdú. Esta organización centralizará la investigación de estos casos de abusos sexuales, aunque el dossier fue entregado posteriormente al presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, que a su vez dio traslado al tribunal eclesiástico de Barcelona.

El informe de Verdú una buena parte de la investigación que inició el diario El País en octubre de 2018, incluyendo 251 nuevos casos de sacerdotes, religiosos y laicos desde 1943 hasta 2018, año en el que se fecha el último caso denunciado. Este dato rebasa la cifra oficial de casos admitidos por la Conferencia Episcopal, aportando datos de la Doctrina de la Fe, con más de 220 en las últimas dos décadas. De hecho, estos nuevos casos podrían aumentar la cifra de víctimas hasta las 1.237, aunque el citado medio asume que, con los testimonios recogidos, se multiplicarían por miles.

Toda vez que el dossier de El País llegó a manos del Sumo Pontífice, Francisco I y Juan José Omella mantuvieron una charla, según relata el mencionado periódico. “El Vaticano, como acostumbra a hacer cuando las denuncias son tan numerosas y no pertenecen a una sola orden, diócesis o abusador concreto, supervisará a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe todo el proceso que lleve a cabo la Conferencia Episcopal”, explica el rotativo del Grupo Prisa, quien subraya que en El Vaticano esperan los resultados en los próximos tres meses.

Los nuevos casos que recoge el dossier afectan a 31 diócesis y otras 31 congregaciones religiosas, aunque en su gran mayoría ya han iniciado los trámites para investigarlos. El grueso de los casos entregados al Sumo Pontífice se corresponden con las décadas de los 60, 70 y 80, aunque la investigación abarca desde el año 1940.

En el dossier que se ha remitido a las autoridades eclesiásticas no se incluyen los datos personales de las víctimas ni tan siquiera referencias que faciliten su identificación, con el fin de garantizar su anonimato. No obstante, El País se ha puesto “a disposición” de El Vaticano para facilitar el contacto de las víctimas y que éstas “puedan prestar declaración si así lo desean”.