El jueves, se celebraba una jornada más en el juicio de ‘La Manada’ y llegaba la sorpresa: el abogado de uno de los cinco jóvenes acusados de la violación en grupo pedía que se retirase como prueba el informe realizado por detectives privados sobre la vida de la víctima tras la supuesta agresión.
Este informe, en el que se incluía la actividad en redes sociales de la joven de 18 años en los días posteriores a la supuesta violación, era una prueba clave de la defensa para intentar demostrar que las relaciones fueron consentidas. Tras despertar polémica y críticas, este tema ha llegado hasta el debate en las Cortes.
Concretamente, ha sido el grupo de Unidos Podemos en el Senado el que ha presentado una iniciativa para pedir que se impongan límites a las actividades de los detectives privados.
“Es necesario regular y poner este debate encima de la mesa: ¿Es posible vigilar a cualquier persona y bajo cualquier condición? ¿Existe algún control sobre los medios para hacerlo? A nosotros nos preocupa que nuestra legislación no proteja la intimidad y la dignidad de aquellas mujeres como en este caso que han sufrido una agresión”, ha explicado Idoia Villanueva, senadora de Podemos por Navarra en declaraciones al diario El Mundo.
“Un desarrollo legal o reglamentario que incluya una fiscalización del ejercicio de la profesión por parte de la Administración”, eso es lo que exige la formación.
Aunque este informe ha sido retirado, sí se mantendrá cómo prueba la foto de Instagram de la joven, aportada por el abogado de otros tres acusados, Agustín Martínez Becerra. Como consecuencia de ello, los detectives privados que declararon por videoconferencia ante el tribunal sólo han testificaron acerca de la citada fotografía y no sobre el informe.
