El pasado 16 de Enero fue un día histórico no solo para el sector de la discapacidad y sus familias, lo fue para toda la sociedad. Pasados seis meses desde aquel día emocionante e inolvidable, quiero reivindicar de nuevo de qué forma se hizo justicia con las más de 4.3 millones de personas que tienen, que tenemos, algún tipo de discapacidad en nuestro país, al eliminar de la Carta Magna el término disminuidos.
Una palabra nos identifica ante los demás, tiene un peso legal y también posee un importante valor simbólico. Aunque no lo elijamos, un adjetivo nos define, ya que, nos representa ante los demás. De ahí la importancia de que sea digno y justo, porque de lo contrario, contribuimos a perpetuar estereotipos y clichés que en la mayoría de los casos son peyorativos. “Disminuidos” es un término muy retrógrado en nuestra realidad social y jurídica actual. La expresión correcta que utiliza nuestro Ordenamiento actual y aceptada como válida por el propio sector y por la Convención de las Naciones Unidas es la de "personas con discapacidad". Esta reforma da respuesta a una demanda de la sociedad civil y es fruto del empeño y la exigencia del movimiento social de la discapacidad, liderado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI.
Las palabras que empleamos importan. La manera en la que identificamos a un colectivo afecta a su identidad y autoestima, pero también nos define a quienes la empleamos. La discapacidad nos afecta a todas y a todos, porque a lo largo de nuestras vidas no estamos exentos de adquirirla o conocer su realidad a través de nuestros familiares o seres queridos.
Queríamos que en nuestra Carta Magna se designara a las personas con discapacidad de manera digna y justa, pero también este cambio constitucional es esencial por lo que supondrá, pues se recogerá explícitamente, que Las personas con discapacidad, tendrán el derecho constitucional de exigir a los poderes públicos, políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social, expresamente en entornos universalmente accesibles. Atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. De ahí la importancia que tiene esta Proposición de Reforma Constitucional.
Tenemos que asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y de manera transversal; a la formación, al empleo, a la cultura, a una vivienda digna a un entorno accesible para todos, a un transporte accesible, acceso igualitario a la tecnología y a la información. A la Inteligencia artificial que además de inteligente debe ser inclusiva y lo mismo con otros servicios e intalaciones abiertas al público o que sean de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Especialmente en las zonas rurales.
Un gesto tan normal como es subir a un niño o a una niña a un columpio, para muchas personas, lamentablemente, aún hoy, es algo extraordinario. Sirva esto como ejemplo, para contextualizar a que nos referimos cuando afirmamos que los poderes públicos deben comprometerse para garantizar la accesibilidad universal.
La Constitución Española avala las políticas que se deben implantar en pro de las personas con discapacidad. El Real Decreto Legislativo1/2013 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Convención de las Naciones Unidas en favor de las personas con discapacidad trazan la senda que debemos recorrer. Con esta modificación de la Constitución damos un paso más para lograr la tan ansiada igualdad real, plena y efectiva de las personas con discapacidad.
* Emilio Sáez es portavoz socialista de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y diputado por Albacete
