Confinarse no parece una opción viable cuando no hay ahorros y temes perder un trabajo sin contrato con el que sustentas a tu familia o tu casa. Esta se ha convertido en la realidad de las clases más empobrecidas de este país, para las que medidas de seguridad como una cuarentena de 14 días suponen un lujo que no pueden permitirse.

En este sentido, muchos trabajadores sociales están alertando del incremento en el número de personas que escapan a los controles sanitarios. Si dan positivo, evitan informar de sus contactos estrechos o mantener el confinamiento pero, en ocasiones, lo principal es directamente no someterse a los test de coronavirus​, aunque el contagio siga causando el mismo miedo. 

Lo cierto es que en España hay miles de familias que cuentan con motivos cruciales para actuar de esa forma. Ana Huerta, trabajadora social en el CAP del barrio barcelonés del Besòs ha relatado en elPeriódico las durísimas situaciones a las que se enfrentan cada vez más personas empujadas por la gestión de la pandemia. Para las personas que viven en una habitación subalquilada, informar de que están contagiadas supone un riesgo muy real de terminar el día enfermo y durmiendo en la calle. 

En el tercer país con más trabajadores precarios de Europa, Ana Huerta cuenta que "Nos encontramos con personas que ya tenían un empleo precario antes de la pandemia; muchas lo han perdido y otras han logrado encontrar algo muy débil con la desescalada". Una situación más complicada aún cuando se trabaja sin contrato: "Si se contagian del virus no pueden acogerse a un erte, tampoco a la baja laboral, se quedan sin ingresos para pagar las facturas".

En consecuencia, preocupa el incalculable número de personas que optan por escaparse de los controles para seguir trabajando: "Los que más nos preocupan son los casos que no nos llegan, porque nosotros actuamos una vez hay diagnóstico". Huerta nos recuerda que, precisamente, estas situaciones se dan con más frecuencia en pisos superpoblados en los que resulta "imposible" que hasta 20 personas se mantengan confinadas.  Tanto es así que los mapas de incidencia del coronavirus coinciden enormemente con los mapas de pobreza en la mayoría de ciudades. 

Soluciones escasas, deficientes y para pocos 

Toni Gavín, perteneciente a la federación d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), resume así el dilema que están viviendo muchas personas: "O comen, o se confinan: hay familias que no pueden permitirse el lujo de enfermar de coronavirus, y por ello se escapan del control sanitario y las PCR". Gavín propone una de las medidas de urgencia con las que poder abordar este tipo de situaciones en los municipios del extrarradio de Barcelona donde, al contrario que en la ciudad condal, no se permite empadronarse a los residentes en infraviviendas, lo que les proporcionaría acceso a la tarjeta y la asistencia sanitaria:  "Habría que hacer un plan de salud comunitaria en el área metropolitana que trate de llegar a estos hogares y sensibilizar".

Pero la asistencia médica no garantiza los ingresos a un trabajador en 'B', por lo que Gavín sugiere que "O les garantizamos ingresos mientras dure el encierro, o no habrá nada que hacer". El director de la fundació Serveis Socials, Raúl Alcázar, añade que "Una paga durante los días en los que se confinen podría ayudar a que muchas personas enfermas no salgan de casa, pero también muchos seguirían teniendo el temor de quedarse sin trabajo y que su frágil empleo se lo quede otro". Desde Serveis Socials gestionan uno de los hoteles medicalizados por los que optan algunas personas para, al menos, cubrir las necesidades más básicas "Hay personas que acceden a ir al hotel porque, aunque no pueden seguir trabajando, al menos tienen garantizada alimentación e higiene. El problema está en aquellos que tienen hijos o dependientes que cuidar, de ellos depende todo un hogar. Y estos son los que se niegan a encerrarse".

El Ingreso Mínimo Vital se presentó precisamente como una medida destinada a paliar las extremas situaciones que viven estos sectores de la población, aunque desde ElPlural.com​ ya hemos relatado los excesivos requisitos que dejan fuera a personas que viven situaciones especialmente difíciles. Tampoco ayuda que la forma de solicitarlo sea a través de internet, un medio al que las personas más pobres tienen un menor acceso. Pero Huerta señala también los dilatados plazos para conseguir la ayuda para unas personas que habitualmente viven muy al día: "Luego está el colapso de los trámites, que desde que lo piden hasta que lo pueden cobrar pasan muchos meses, estamos hablando de familias que no tienen ahorros y viven al día, no pueden esperar toda esta demora, prefieren trabajar". Pero el IMV ni siquiera es una opción para las entre 400.000 y 500.000 personas que viven en España sin permiso de residencia, completamente excluidas de cualquier ayuda o servicio y obligadas a ganarse la vida mientras permanecen invisibles a ojos de unas instituciones que no han querido seguir los pasos de otros países como Portugal, donde se ha regularizado a los inmigrantes 'sinpapeles' como una medida para el control sanitario efectivo de la población. 

Situaciones a las nos obliga a mirar la propagación de la enfermedad, pero que en absoluto son nuevas, tal y como señala Gavín: "Esta pandemia está poniendo de relieve las gravísimas desigualdades en las que está sustentada nuestra sociedad. Los responsables sanitarios necesitan respuestas rápidas, yo lo entiendo, pero hay problemas que llevamos años arrastrando y que si se quieren resolver requieren de respuestas complejas".