El Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso está dificultando que muchas familias que en riesgo de exclusión puedan percibir el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno de España.
Varias organizaciones sociales y sindicales han denunciado en un comunicado la lentitud en las gestiones burocráticas que está teniendo la Administración de la Comunidad de Madrid.
Los trámites que fueron llevados a cabo en un principio a través de la web de la Seguridad Social, han pasado a ser solicitados a través de sus oficinas y las dificultades y los plazos están poniendo en riesgo a más de 10.000 personas no perciban el Ingreso Mínimo Vital.
Desde Público, han conocido el caso de una de las afectadas, Karima. Sirviendo de ejemplo de lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid, ha confesado al diario digital que además de no conseguir la ayuda, desde la Seguridad Social de la región le han enviado una carta en la que se le pide que presente la solicitud en un plazo "improrrogable de diez días hábiles".
"Me pedían dos documentos, una justificación por haberlo presentado, pero la otra es una resolución que es imposible de conseguir antes de los diez días hábiles y no me cogen el teléfono", ha revelado Karima.
"Si me suspenden el ingreso mínimo no es mi culpa porque no conseguimos obtener los papeles que ellos piden. A mí ya se me han pasado los diez días, y no he recibido ninguna comunicación de si me lo suspenden", ha explicado.
Uno de los activistas de la campaña social RMI tu derecho señala a Público que han "solicitado al Gobierno que durante la tramitación del IMV se eliminen las restricciones". "Queremos que haya servicios públicos que den apoyo a las personas que quieran solicitar la ayuda", ha señalado.
Karima revela que tras acudir a su país en 2018 y avisar a la Comunidad de Madrid, "me suspenden el ingreso mínimo y estuve sin cobrar ese dinero tres meses".
En el comunicado, varios colectivos sociales han reclamado una "necesaria mejora del IMV" y ha denunciado "el maltrato administrativo a las familias empobrecidas", tildándolo de una "bajeza ética, política y social".
