La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familias y Usuarias de Residencias, conformada por 16 organizaciones autonómicas, ha reclamado la necesidad de eliminar las limitaciones de acceso a las residencias de mayores, pidiendo una habilitación “definitiva” de la entrada de los familiares en los centros, ya que consideran las actuales medidas “salvajes, inhumanas e ilegales”.
“Las residencias de mayores y dependientes de España viven una situación incongruente, contraria a la lógica. Hoy, en la mayor parte de las comunidades autónomas, solo se permiten tres horas de visitas semanales como media, con territorios incluso con una sola visita semanal, un régimen similar al que se desarrolla en las prisiones”, rezan en un comunicado, en el que se refieren a aseguran que familiares y usuarios se refieren a la situación como estar “encarcelados”.
“Alcanzar lo que diferentes administraciones llamaron alegremente ‘normalidad’ en la actividad en las residencias se ha convertido en una auténtica entelequia”, recriminan, ya que hacen referencia a que desde finales del mes de enero la mayoría de los centros de ancianos han quedado libres de coronavirus gracias a la vacunación. “A pesar de ello, en buena parte de las comunidades autónomas, y desde mediados de febrero, los protocolos e instrucciones reguladoras de las visitas no han favorecido la apertura definitiva de las residencias”, señalan al respecto.
Asimismo, desde la Plataforma aseguran que “se siguen produciendo demoledores confinamientos, conculcando las leyes y los derechos fundamentales de los residentes, con el beneplácito de los poderes públicos que nada o poco hacen para evitarlo”. “Las empresas gestoras siguen aplicando múltiples impedimentos a los encuentros de familiares y usuarios, con la inacción de las administraciones, convirtiendo las residencias en búnkeres de imposible acceso, con la única pretensión de ocultar las pésimas condiciones de vida de los residentes, resultado de los incumplimientos y reducción de costes para obtener el máximo beneficio, política que practican sin rubor las operadoras”, denuncian.
Por todo ello, piden a la Fiscalía General del Estado y a las fiscalías superiores autonómicas que investiguen si se están vulnerando derechos fundamentales y constitucionales con estas restricciones marcadas por las administraciones y empresas geriátricas. Además, afean que no se ha vigilado el trato dado a las personas residentes indefensas, que en muchas ocasiones ha sido degradante y que ha provocado muertes o lesiones muy graves.
