Por tercera vez, la justicia volverá a investigar el accidente del metro de Valencia, el más grave de toda Europa que dejó 43 víctimas mortales y otras 47 resultaron heridas. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 21 que reabra una vez más, y ya va la tercera, la investigación de este accidente que desde el PP de Valencia quisieron dejar en el olvido mientras se multiplicaban las quejas de los familiares de las víctimas.

Según consta en un auto, hecho público este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Audiencia ordena a la jueza instructora que llame a declarar a los investigados en la causa y que, de no ser necesarias nuevas diligencias, vaya a juicio. Asimismo, la sala rechaza por innecesarias las restantes diligencias solicitadas por las acusaciones.

Pero hay que recordar que esta jueza es la misma que archivó la causa en las anteriores veces. La jueza consideraba que no ha quedado acreditado que el accidente se produjera por un fallo en el vagón o en la vía mientras el tren circulaba a 80 kilómetros por hora en un tramo con velocidad limitada a 40, que por eso descarriló en  la curva previa a la estación de Jesús.

Tras la emisión del programa de investigación de Jordi Évole, Salvados, sobre este accidente, las voces de las familias de las víctimas y de los supervivientes volvieron a alzarse exigiendo que no se guardase en un cajón la investigación y culpando directamente a dirigentes del PP de Valencia.

En este auto se deja sin efecto el auto anterior, de junio de 2017, por el que sobreseyó la causa, y se reclama al juzgado que llame a declarar a los investigados, entre ellos la exgerente de FGV Marisa Gracia.

En este listado de investigados se encuentran los exdirectivos de esta empresa pública Juan José Gimeno Barberá, Vicente Antonio Contreras Bornez, Manuel Sansano Muñoz, Francisco García Sigüenza, Sebastián Argente Cuesta, Luis Miguel Domingo Alepuz y Salvador Orts Pardo. La investigación por el accidente del metro se archivó a petición de la Fiscalía en diciembre de 2007.

Esta decisión fue confirmada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial en mayo de 2008, pero en enero de 2014 la Audiencia, en este caso la Sección Segunda, ordenó la reapertura a petición de la Fiscalía.

Posteriormente se archivó en marzo de 2015, se reabrió nuevamente en octubre y volvió a ser sobreseída en junio de 2017.