La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) vuelve al ojo del huracán mediático y con ella, su expresidente, Luis Rubiales. El ex máximo responsable del órgano federativo, actualmente de viaje en República Dominicana aunque pesa sobre él una orden de arresto en cuanto regrese al país, podría haberse lucrado a través de la empresa constructora a la que se adjudicó las obras del estadio de La Cartuja. Al menos así lo cree la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, quien sostiene, según El Mundo, que el exfutbolista granadino “se ha integrado en el entramado societario de Francisco Javier Martín Alcaide”, su socio y amigo íntimo más conocido como Nene. La jueza instructora considera que las sociedades de éste “reciben pagos desde Gruconsa vinculados a la contratación de ésta por la RFEF”.
La jueza instructora señala personalmente a Rubiales, acusándole de haber concedido a la constructora, donde trabaja el hermano del que fuera su jefe jurídico, Ángel González Segura, los contratos de la reforma del estadio de la Cartuja. La magistrada, según detalla El Mundo, estima que “la contratación de Gruconsa se produjo poco tiempo después de su nombramiento como presidente”. Asimismo, habría sido el responsable de “firmar todos los convenios con la Junta de Andalucía, de los que han derivado algunas de las contrataciones de obras y servicios”. De hecho, El Correo de Andalucía informó la pasada semana de que el Ejecutivo que lidera el popular Juanma Moreno Bonilla desvió cinco millones de euros para la subvención de la operación, además de delegar la adjudicación de la obra en el órgano federativo por cuestiones de urgencia.
En el auto al que hace referencia el diario El Mundo, la jueza pone énfasis en la participación directa de Luis Rubiales, precisando que “la figura del comisionado de Control Extremo (encargado de autorizar aquellos pagos superiores a 30.000 euros en un primer momento y a 10.000 posteriormente) fue creada bajo su mandato”. Así, considera que el expresidente de la RFEF “se ha integrado en el entramado societario” de su amigo y socio Nene, quien ya se viera involucrado en uno de los muchos escándalos que han cercado al de Motril desde que accedió al poder federativo. En este caso, se le vincula con el grupo de chicas que llevó a una presunta reunión de trabajo de la RFEF que se celebró en Salobreña.
Cerco sobre Rubiales
La instructora precisa que, con arreglo a la “intervención de las comunicaciones telefónicas”, se ha sabido que los beneficios de Dismatec (sociedad que administra la mujer de nene) “también podrían ir destinados a Rubiales”. En paralelo, destaca que también “participa de los beneficios” de otra sociedad, bajo el nombre de Conecta 17 Consulting, S.L, controlada por la mujer de su amigo y socio, con quien en este preciso momento estaría llevando a cabo negocios en la República Dominicana.
Con base a estos hechos, la jueza ordenó el registro del actual domicilio de Rubiales en España, sito en la provincia de Granada, con el fin de hallar “evidencias tanto de carácter documental como digital que pudieran estar almacenadas” en el mencionado inmueble o “en algún repositorio de almacenamiento de información remoto vinculado a cuentas personales o corporativas” del expresidente de la RFEF. Por ello, se dio orden de incautar todos los “teléfonos móviles” propiedad de Rubiales, amén de cualquier dispositivo telemático de su propiedad “para su volcado y análisis”.
Pese a la orden de detención que pesa sobre él, los agentes no han podido arrestar aún al expresidente de la Federación, quien se encuentra en la República Dominicana. Es allí donde está acometiendo nuevos negocios con la sociedad que administra la mujer de Nene. No obstante, ha trasladado a la instructora que regresará a España el próximo día 6 de abril, aunque afirmó, a través de su defensa, que estaría dispuesto a adelantar su vuelta en caso de que así lo estimase oportuno la magistrada que instruye la causa.
En cualquier caso, se practicará la detención de Rubiales en cuanto ponga un pie en territorio español, tal y como ha ocurrido con algunos de sus más estrechos cooperadores, como el responsable de la zona Sur de la constructora Gruconsa, Ángel González Segura, quien fue arrestado y puesto a disposición judicial. La totalidad de los detenidos se acogieron a su derecho a no prestar declaración a la espera de conocer el contenido íntegro del sumario, que aún se encuentra bajo secreto.
El papel de la Junta de Bonilla
De entre la maraña de detenciones, titulares y escándalos que cercan a la Real Federación Española de Fútbol emerge la Junta de Andalucía. El Ejecutivo que lidera el popular Juanma Moreno Bonilla destinó cinco millones de euros previstos para ayudas de escolarización infantil (hasta tres años) a las obras del estadio de La Cartuja. Se trata de una “subvención excepcional” a ECSA, la sociedad que gestiona el campo de fútbol sevillano y que actualmente es sede de la final de la Copa del Rey.
No obstante, en su momento, las obras se orientaron al reacondicionamiento del estadio para algunos encuentros de la Eurocopa 2020, que por la pandemia se acabó disputando un año después en diversas ciudades europeas. Tras recibir la subvención, la firma planteó la necesidad de acordar los acuerdos con la Federación, según explican desde El Correo de Andalucía. En lo que respecta al Gobierno del PP en la región, en un principio se iban a destinar 5,4 millones de euros, pero el montante finalmente se redujo a los 4.956.000. Esto fue porque el propio líder Ejecutivo reconocía que podía ser necesario destinarlo todo, pero que lo “imprescindible” para la función prevista pasaba por destinar la segunda cantidad.
A su vez, cabe destacar que esta transferencia de ayudas para las obras del estadio de La Cartuja se aprobó el 4 de mayo de 2021 en Consejo de Gobierno extraordinario, siendo el único punto a tratar en aquella reunión. El proceso se llevó a cabo mediante una modificación presupuestaria que no apareció en la relación de asuntos destacados ni en el orden del día que se envía a los medios de comunicación, aunque sí que se incorporaron tanto la documentación como el orden del día del Consejo extraordinario a la relación de asuntos tratados.
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