El gobierno de Juanma Moreno Bonilla destinó cinco millones de euros previstos en un principio a las ayudas de escolarización infantil (de escuelas niños de hasta tres años) a las obras del estadio La Cartuja (Sevilla), que ahora se encuentran en el marco de la investigación al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y que salpica también a otros dirigentes del máximo organismo futbolístico. En concreto, el objetivo de ese montante económico era el de subvencionar la ateción socieducativa y el comedor de estos centros.

Se trata de una “subvención excepcional” de cerca de cinco millones a ECSA, la sociedad que gestiona el campo de fútbol que este año vuelve a acoger la final de la Copa del Rey. Pero en su día las obras se llevaron a cabo con el objetivo de acondicionar el estadio para algunos encuentros de la Eurocopa 2020 que, a causa de la pandemia, se terminó disputando un año después en varias ciudades europeas. Tras recibir la subvención -el día siguiente- la firma planteó la necesidad de acordar los acuerdos con la Federación, según El Correo de Andalucía. A partir de aquí, el máximo órgano del balompié realizó las adjudicaciones que la Guardia Civil investiga en estos momentos.

En otro orden de cosas, en un principio se iban a destinar 5,4 millones, pero el montante se quedó al final en 4.956.000 euros. Esto fue porque el propio líder Ejecutivo reconocía que podía ser necesario destinarlo todo, pero que lo “imprescindible” para la función prevista pasaba por destinar la segunda cantidad.

Aprobado en Consejo de Gobierno extraordinario

La transferencia de las ayudas que finalmente fueron a parar a las obras del estadio de La Cartuja se aprobó el 4 de mayo de 2021 y lo hizo en Consejo de Gobierno extraordinario, siendo ese fue el único punto a tratar. Ya después se celebró el Consejo de Gobierno ordinario.

El proceso se llevó a cabo mediante una modificación presupuestaria que no apareció en la relación de asuntos destacados ni en el orden del día que se envía a los medios de comunicación, aunque sí que se incorporaron tanto la documentación como el orden del día del Consejo extraordinario a la relación de asuntos tratados, que puede consultarse en la web.

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La razón de la modificación era que se jugaran aquí los partidos de la Eurocopa, para cuya celebración quedaba apenas un mes, con las máximas garantías. Finalmente, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió el 23 de abril que la ciudad hispalense y el estadio de La Cartuja fueran la sede española del torneo europeo -antes lo iba a ser San Mamés (Bilbao)-.

No cumplió los objetivos

La documentación final se incluye la memoria justificativa, los informes favorables de la Dirección General de Análisis, Planificación y Política Económica y de la Intervención General. Así, el texto que razonaba la decisión era que “debe ser subrayada la importancia que supondría para la Marca Andalucía la celebración de los partidos de la UEFA EURO 2020 en el Estadio de la Cartuja, que serán seguidos en más de 150 países, reafirmando de esta manera la capacidad que ostenta el Estadio de La Cartuja para acoger grandes eventos deportivos”. El estadio sevillano acabó por acoger tres partidos de la fase de grupos que disputó la selección nacional y otro de octavos de final.

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Con todo, la Junta de Andalucía no cumplió con los objetivos, habida cuenta de que preveía un retorno de 215 millones de euros -que era el beneficio que se habría obtenido si hubieran acudido a los encuentros unas 16.000 personas-; pero la afluencia se quedó en 12.517 aficionados.

Contratación investigada

El pasado miércoles la UCO -de la Guardia Civil- registró la sede de la RFEF y la vivienda de Rubiales mientras el antiguo responsable de la Federación se encontraba en República Dominicana.

El rastreo terminó con el arresto de personas de la máxima confianza de Rubiales, como Tomás González Cueto, el asesor jurídico externo de la RFEF; José Javier Giménez, jefe de Personal de la RFEF; y Pedro González Segura, director de servicios jurídicos. El hermano de este último ejerce como director de Gruconsa -hay dos contratos de al menos 90.000 euros que terminaron en este grupo-. Los delitos que se están investigando son corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

Protestas de las guarderías

La decisión provocó enfado en las escuelas infantiles, que estaban mermadas por la pandemia. Mientras el Gobierno andaluz explicaba que los fondos destinados venían de una partida presupuestaria “disponible” y prometía su recuperación, las guarderías calificaban de “escándalo” la acción del equipo de Moreno Bonilla, teniendo sobre todo en cuenta que hace años que estos centros sufren problemas económicos por la poca ocupación de plazas debido a la baja natalidad.