Vecinos de Madrid y Barcelona han dado un golpe sobre la mesa para reclamar una investigación sobre las ' terrazas covid' para que se aclare si los ayuntamientos están cumpliendo con la normativa de sanciones a los establecimientos que nos las siguen. Por este motivo, las asociaciones vecinales – Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Federación Asociaciones Vecinales Barcelona (FAVB)- y han pedido amparo al Defensor del Pueblo, institución encabezada por el socialista Ángel Gabilondo, para que haga de mediador en este problema que se lleva arrastrando desde la pandemia de coronavirus.

Este fenómeno ya ha sido calificado como una invasión por aquellos que ven sus calles y plazas abarrotadas de terrazas a diario, por el ruido y la suciedad que esta clase de ocio deja a su paso. Dado que no se sienten escuchados por sus respectivos Consistorios, a finales de septiembre acudieron ante el Defensor del Pueblo en Madrid y el Síndic de Greuges en Barcelona por el sentimiento colectivo de “indefensión” ante dicha problemática. “Son quienes nos pueden defender cuando las administraciones no hacen su trabajo y esperamos que les exija un comportamiento más cumplidor”, argumentó el presidente de la FRAVM en conversaciones con El País.

Almeida no retira las ‘terrazas covid’

Cabe remontarse a 2020, cuando el confinamiento obligatorio por el coronavirus llegó a su fin y las actividades sociales volvieron a cobrar vida poco a poco. En aquel momento, el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida impulsó un paquete de medidas extraordinarias para que la hostelería pudiese ampliar el espacio de sus terrazas en zonas públicas como aparcamientos y aceras y, al mismo tiempo, cumplir con las normas sociosanitarias del Gobierno -entre ellas la distancia de seguridad interpersonal y el uso de mascarillas-.

A pesar de que dicha norma tocaría a su fin al finalizar la crisis, a finales de enero, el Consistorio -con los votos a favor de PP y Ciudadanos- dio luz verde a la modificación de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Restauración, por la cual se eliminarían más de 2.000 ampliaciones de las terrazas covid, además de la creación de las ‘zonas saturadas’ en las que se retirarían ''en las zonas en las que exista una ocupación superior al 33% o al 40%, según el ancho de la acera, del espacio público, y cuyo tránsito peatonal sea intenso”. Siguiendo la teoría, se deberían haber eliminado el 80% a partir de abril, un escenario que nunca se produjo y, para más inri, se concedieron incluso más permisos de ampliación bajo el paraguas de la concesión.

Ya entonces se pudieron escuchar quejas vecinales, como la de El Organillo de Chamberí, que condenaron la dejación de los dirigentes del Ayuntamiento ante la modificación “que no ha tenido ningún efecto” sobre el estado del barrio: ''Con este Ayuntamiento tenemos un drama. La vicealcaldesa y el concejal de Chamberí están conchabados con la hostelería, es evidente, porque sino no habría este desmadre'', sentenció, Pilar Rodríguez, portavoz de la agrupación, en conversaciones con ElPlural.com.

El pasado 31 de julio el plazo de seis meses que concedió Almeida a los hosteleros para retirar las terrazas covid llegó a su fin, pero no se llevó a cabo: "No se ha aplicado la nueva ordenanza. El Ayuntamiento no tiene ninguna voluntad de cumplirlo y los hosteleros pasan porque le tienen tomada la medida”, condenó Rodríguez.

Por la vía judicial

Dada la respuesta ineficaz de la administración que sigue prolongando este problema y alimentando las consecuencias que este conlleva, los vecinos del distrito Centro de Madrid han amenazado este miércoles a Almeida y Villacís con “ir a los tribunales” si siguen permitiendo que las terrazas cierren a medianoche y no a las 23:00 horas como estipula la norma, argumentando así los constantes ruidos que la algarabía provoca.

"Hay una ley nacional de protección del ruido que indica qué niveles no se pueden superar de ruido, y se tienen que cumplir esas normas. Como los hosteleros nunca las cumplen, se quieren saltar también esta ley", ha condenado en declaraciones a Europa Press Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos del distrito Centro, apoyándose en la Ley 37/2003 del Ruido, que lucha contra la contaminación acústica y vela por la salud y bienestar humano.