El Gobierno ya tiene las diez propuestas finalistas entre las 34 que fueron presentadas el pasado abril para la transformación del ahora ex Valle de los Caídos en un espacio de memoria. Desde este lunes, el Valle de Cuelgamuros, tras más de 65 años desde su inauguración, comienza un proceso de redefinición después de que el Ministerio de Presidencia pactara con la Iglesia católica poder intervenir en el complejo.
El concurso de ideas convocado en primavera es la herramienta con la que el Gobierno pretende redefinir un espacio marcado durante décadas por su condición de mausoleo franquista. El proceso se articula en torno a tres encargos fundamentales: la transformación paisajística y artística del conjunto monumental, la creación de un centro de interpretación que contextualice la historia del lugar y la musealización del recinto mediante paneles y recursos educativos que expliquen qué fue y qué significa hoy Cuelgamuros.
Las propuestas finalistas han sido elegidas por un jurado especializado que deberá seleccionar, en los próximos meses, cuál de ellas se materializa en la intervención definitiva.
A partir del 1 de septiembre, estas ideas finalistas tendrán un plazo de dos meses para detallar sus proyectos, ya que agosto se considera inhábil a efectos administrativos. Con ello, el Gobierno prevé que antes de final de año quede definido el plan concreto para transformar el monumento. La idea es que la resignificación no se limite a actuaciones puntuales, sino que configure un relato global sobre el pasado franquista y su impacto en la sociedad actual.
La cruz y el culto religioso, inamovibles
Uno de los puntos más delicados ha sido el estatus de la monumental cruz de más de 150 metros de altura, que preside el conjunto. El jurado ha sido tajante sobre ello y asegura que la cruz permanecerá en pie. Considera que cualquier intento de confrontación arquitectónica con ese símbolo está condenado al fracaso y que derribarla supondría abrir una batalla estéril.
También se mantendrá el uso religioso de la basílica, que seguirá bajo la gestión de la comunidad benedictina. El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el Vaticano permite que los monjes permanezcan en el recinto y que se continúe celebrando culto, aunque limitado al altar mayor y a las bancadas contiguas.
El pacto con la Iglesia delimita con claridad qué zonas del recinto quedarán fuera de la resignificación y cuáles podrán ser transformadas. El altar y las áreas destinadas al culto no se tocarán, pero sí habrá margen de actuación en otros espacios relevantes como lo son el vestíbulo, el atrio de entrada, la nave que ha quedado desocupada y la cúpula. Allí podrán instalarse proyectos artísticos y museográficos que contribuyan a explicar el origen del monumento, su utilización durante la dictadura y el proceso de recuperación democrática que ahora lo resignifica.
La oposición
Sin embargo, desde su convocatoria, el concurso se ha enfrentado a una campaña de oposición liderada por Vox y por organizaciones católicas como Abogados Cristianos, que lo han denunciado como un intento de “profanación” del Valle. Estas entidades presentaron hasta nueve recursos judiciales contra la convocatoria, todos ellos rechazados por los tribunales.
Al mismo tiempo, los defensores de la cruz y del mantenimiento del complejo como espacio religioso han impulsado campañas públicas de apoyo a la pervivencia de los símbolos franquistas, que hasta ahora no han logrado frenar el plan del Gobierno.
En el otro extremo, las asociaciones de memoria histórica han mostrado su descontento con el pacto alcanzado con el Vaticano al considerar un error que la comunidad benedictina siga presente en Cuelgamuros, aunque ya no esté dirigida por el prior Santiago Cantera, que llegó a convertirse en una de las principales voces de resistencia a la exhumación de Franco en 2019. Para estos colectivos, la continuidad del culto religioso choca con el objetivo de resignificar el espacio como lugar de memoria democrática.
La historia que lo precede
El Valle de Cuelgamuros fue inaugurado en 1959 por Francisco Franco, tras casi dos décadas de construcción en las que participaron miles de presos políticos. Concebido como un monumento a los “caídos por Dios y por España”, se convirtió en un símbolo de la dictadura y en un espacio de peregrinación franquista incluso después de la transición. La exhumación de Franco en 2019 marcó un punto de inflexión, y con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno dio un paso más al iniciar este concurso para redefinir su uso.
La selección de estas diez ideas abre una etapa inédita para el complejo y por primera vez en más de seis décadas, el Gobierno impulsa una intervención que pretende despojar al lugar de su carácter de exaltación franquista y dotarlo de un nuevo significado vinculado a la memoria, la historia y la democracia.
