Varios funcionarios del Centro Penitenciario de Puerto I, en el Puerto de Santa María (Cádiz) fueron golpeados el pasado domingo por un recluso, en medio de una escalada de agresiones denunciada por los sindicatos de prisiones.
La nueva agresión ocurrió durante el reparto de la comida, cuando los funcionarios llegaron a la celda del interno y éste intentó agredirles con un palo de escoba que previamente había partido y afilado.
El preso había atado una toalla a las rejas de su celda para impedir la entrada de los funcionarios que junto al jefe de servicios intentaba desbloquear la puerta. Entre “insultos y amenazas de muerte” el interno les arrojó lejía e hirió en el rostro a uno de los trabajadores con el objeto punzante y provocó lesiones a otro en una mano.
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado el “aumento de forma alarmante de las agresiones” en esta cárcel, donde se ha producido “una disminución considerable del número de efectivos sin que la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias se ponga remedio”.
La asociación recuerda que este centro “es el único de toda la geografía nacional que alberga dentro de sus muros única y exclusivamente internos clasificados de primer grado”, es decir, de peligrosidad alta.
Puñetazos a funcionarios
Esta agresión sigue a otra ocurrida el 23 de febrero, en el Centro Penitenciario de Menorca, donde uno de los presos que se negaba a salir de su celda propinó varios puñetazos a un funcionario, que tuvo que ser trasladado al hospital.
Un día antes, un interno del Centro Penitenciario de Puerto III, en El Puerto de Santa María, Cádiz, golpeó en la cara al jefe de servicios antes de ser reducido por el resto de funcionarios que se encontraban en el lugar. El trabajador agredido tuvo que ser trasladado al hospital, según denunciaron los sindicatos ACAIP, APFP, CSIF y UGT.
En la madrugada del martes 20 de febrero, un interno se ahorcó con una manta en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, donde las rondas nocturnas que se realizan cada hora por los funcionarios no pudieron evitar el grave incidente.
Un psiquiatra para 170 enfermos mentales
El 18 de febrero, un recluso del Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, víctima de un estado de agitación extrema, destrozó una impresora y lanzó la pantalla de un ordenador contra los funcionarios, mientras amenazaba de muerte a la psiquiatra que lo estaba atendiendo.
APFP recuerda que en España hay sólo dos psiquiátricos penitenciarios, uno en la provincia de Sevilla y el otro en Alicante, en los que “los incidentes son diarios y graves”, y que en ambos hay una “sobreocupación de internos”. Los trabajadores carecen de formación adecuada ante presos que presentan “una tipología muy complicada”.
Según esta asociación, el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, con 170 internos enfermos mentales, cuenta sólo con un psiquiatra titular, mientras que en el de Alicante trabajan tres especialistas para un total de 285 enfermos mentales.
Además de psiquiatras faltan auxiliares de enfermería y funcionarios. Según los datos de esta asociación, la carencia de personal está cifrada en 29 trabajadores en Sevilla y 61 en Alicante.
El pasado 28 de enero, en el departamento de aislamiento de la prisión de Albolote, en Granada, un interno prendió fuego al colchón de su celda, poniendo en peligro su vida y la del resto de internos que descansaban en la galería. La rápida intervención de los funcionarios consiguió poner a salvo a los reclusos, clasificados de extrema peligrosidad.
Pistolas taser y uniformes apropiados
La AFPF reclama un estatuto propio, la activación de una oferta pública de empleo que cubra las 3.479 vacantes entre estos funcionarios, cuya media ronda los 50 años. Además, que se les reconozca como agentes de la autoridad y se castiguen penalmente las agresiones; cursos de formación en defensa personal y medios materiales proporcionales al riesgo que sufren, como trajes antidisturbios y “pistolas taser o eléctricas ante internos extremadamente violentos”.
La asociación revindica también mejoras salariales y la equiparación de los sueldos entre todas las comunidades autónomas. Los funcionarios de prisiones han protagonizados en los últimos tiempos sucesivas huelgas y movilizaciones para reclamar estos incrementos.
Cifras maquilladas
El portavoz de UGT Prisiones, Antonio González, ha criticado la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, quien ante la Comisión de Interior "cuantificó las agresiones a funcionarios en 218 agresiones en 2018, una cifra totalmente maquillada", porque cada día se producen, cómo mínimo, de una a dos agresiones en las 84 prisiones".
El secretario general de Instituciones Penitenciarias alegó que "en el 2010 contábamos con 475 agresiones; en el 2017, 305; y en el 2018, 218", ha explicado el representante de UGT, que aclara que las cifras no se corresponden con la realidad, ya que "se da la circunstancia de que en los centros penitenciarios los directores no instan a los funcionarios agredidos a cumplimentar el modelo de protocolo, en el que se reportan las agresiones", por lo que se desconoce el monto total. Por otra parte, este sindicato denuncia que no se está indemnizando a los trabajadores que sufren agresiones.
