La vigilancia exterior de las cárceles, que durante el Gobierno de Mariano Rajoy se dejó en manos de empresas privadas, volverá a ser competencia de las fuerzas de seguridad del Estado a medida que se vaya reponiendo el déficit en las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, según ha anunciado Instituciones Penitenciarias. Este miércoles, representantes del sindicato UGT Prisiones se han concentrado ante el Congreso de los Diputados para celebrar esta decisión.
"Celebraremos que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haya decido dar los pasos, como ha planteado en cada reunión UGT-PRISIONES, para prescindir de la seguridad privada en la vigilancia exterior de los centros penitenciarios. Con tal medida se generaría un ahorro que podría venir a sufragar la justa y legítima subida retributiva que venimos reclamando para el colectivo de trabajadores penitenciarios", explica el sindicato en su web.
La intención del Gobierno es revertir la herencia del PP
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, anunció la intención del Gobierno en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019, que ascienden a 1.196 millones de euros, lo que supone un incremento del 3 por ciento respecto a 2018. Actualmente, un importante número de cárceles están vigiladas en el exterior por agentes de la seguridad privada, pertenecientes a empresas con las que se formalizaron contratos durante el Gobierno del PP.
Un ahorro de 34 millones de euros
La vuelta a la seguridad pública representará, según dice el portavoz de UGT Prisiones, Antonio González, a El Plural, un ahorro de 34 millones de euros, que permitirá solucionar el conflicto de prisioones porque nos garantizaría la subida salarial que nos prometieron en tres ejercicios, una subida de unos 125 euros".
"UGT prisiones se reunió con el secretario general de Prisiones el pasado jueves y le insistimos mucho en este tema, que la ley encomienda la seguridad exterior de las cárceles a las Fuerzas de Seguridad del Estado", explica González.
Ortiz prometió rescindir los contratos privados
En su comparecencia en el Congreso, Ortiz informó que la intención del actual Ejecutivo es ir rescindiendo poco a poco esos contratos y a medida que se vayan reponiendo efectivos en la Policía y la Guardia Civil, ir cubriendo la seguridad exterior con estos funcionarios públicos, informó EFE.
Durante su comparecencia, el director de Instituciones Penitenciarias recordó que en el anterior mandato dejaron "huérfanos" a los funcionarios de Prisiones en los acuerdos de equiparación salarial, y ha dicho que ya ha mantenido diversas reuniones con los sindicatos para mejorar sus condiciones laborales. En estos últimos encuentros por separado, se ha acordado la creación de cuatro grupos de trabajo para abordar, entre otros asuntos, las agresiones a funcionarios (223 en 2018), la formación, la reforma de clasificaciones.
El responsable de prisiones recordó que desde 2008 hay 13.000 internos menos en las cárceles, de tal manera que la ratio ha pasado de un funcionario de vigilancia por cada 5,67 presos a uno por 4,39 reclusos, y precisó que aún hay 3.000 vacantes de funcionarios, aunque en unos meses se cubrirán 956.
