La nueva ley del aborto, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, busca luchar contra la gestación subrogada y dejar atrás los estigmas sociales relacionados con la menstruación, poniendo sobre la mesa la opción de conceder bajas laborales de tres días.
El texto del Ejecutivo contempla la eliminación del IVA de los productos de higiene íntima femenina y las bajas temporales en el trabajo por reglas dolorosas, las cuales se podrán alargar hasta tres días.
La norma también contempla la baja temporal para la interrupción voluntaria del embarazo acogiendo los anticonceptivos hormonales y la píldora. Además, los centros educativos de secundaria deberán garantizar el suministro de productos menstruales siempre que sea necesario, así como fomentar campañas de educación sexual entre sus alumnos.
Esta propuesta ya ha generado diferencias dentro del Gobierno de coalición. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que la medida permanece “en discusión”; mientras que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha afirmado que “no tomará ninguna medida que estigmatice a las mujeres”.
Por otra parte, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, también se ha pronunciado públicamente sobre la nueva normativa impulsada por el departamento de Irene Montero, mostrando abiertamente sus dudas. “No sé si nos hace un flaco favor a las mujeres. Hay que hacer matizaciones, porque estigmatizar otra vez a las mujeres porque tengamos la baja por tener la regla (hay que hablarlo así de claro) es poner otra vez el foco sobre nosotras”, defendía en una entrevista concedida este jueves a la Cadena Ser.
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