España se prepara para vestirse de amarillo. Las reclamaciones que los educadores y las educadoras 0-3 han comenzado en Madrid, con una marcha histórica el pasado domingo y que servía de faro para el resto de la comunidad educativa, podría abarcar el nivel estatal.
Esa es al menos la idea que plantea Comisiones Obreras (CCOO), que llama a 60.000 profesionales de este sector educativo de entre 0 y 3 años al paro el próximo 7 de mayo. El agente social lo explica como el punto de partida de una serie de movilizaciones que, según indicaban en rueda de prensa esta semana y han confirmado en declaraciones a ElPlural.com, confluirán unas semanas después, el 23 de mayo.
El sindicato tiene claro que se corresponde con una de las etapas educacionales “más relevantes de nuestro sistema educativo” al atender nada menos que a 468.000 niños y niñas; una relevancia -la de los profesionales, tanto por importancia de sus tareas, como por el número de pequeños estudiantes que abarca- que se enfrenta a un “abandono histórico” por parte de las administraciones públicas educativas y de las patronales, según cuentan.
Contra este trato, que afean llevar años sufriendo, aunque haya derivado en un “malestar y conflicto que ha estallado en la última semana”, llaman a parar su actividad el próximo 7 de mayo y, más tarde, tomar de nuevo las calles; una máxima que han cumplido durante días.
¿Cuáles son sus reclamaciones?
Para la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Teresa Esparbé Prieto, y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Lucho Palazzo Gallo, resulta “imprescindible extender y organizar la lucha”. De ahí el llamamiento a la huelga.
Este periódico ha podido hablar con Esparbé, quien detalla los principales motivos y la línea de actuación a partir de ahora que, esperan, adopten los y las trabajadoras: “Tenemos un sector precarizado, tanto en su modelo educativo, como en las condiciones laborales de las trabajadoras. Exigimos al Gobierno, el Ministerio y los grupos parlamentarios que introduzcan en el anteproyecto de ley de jornada y ratios la reducción de ratios en el primer ciclo de educación infantil”.
En cuanto a las comunidades autónomas y ayuntamientos, solicitan “que pongan la pareja educativa en todas las aulas, y personal de apoyo para atender al alumnado con necesidades educativas”. “A las patronales les pedimos que mejoren los salarios de estas trabajadoras. Son trabajadoras pobres, cobran el salario mínimo interprofresional y tan poquito más que da vergüenza, por eso queremos la equiparación con el sector público”, añade. Y apostillan una mayor oferta educativa para el alumnado. “Sin estas condiciones, seguiremos con la huelga”
Lo que venía siendo la marea verde, en los últimos días ha pasado a ser la marea amarilla, color con el que estos profesionales están manifestando mejoras laborales como la reducción de ratios -principalmente- o salarios más acordes a su día a día.
También reclaman añadir las cinco horas semanales no lectivas para el trabajo pedagógico y burocrático, al que tal y como se estructuran actualmente las horas lectivas y el flujo de trabajo, deben atender en horario de atención a los más pequeños o fuera de horario. Asimismo, reclaman que el calendario laboral no alcance desde el mes de julio o que se mejore la categoría profesional.
Madrid, epicentro de la lucha
Madrid se ha convertido en las semanas anteriores una vez más epicentro de luchas sociales. Frente al modelo que pretende impulsar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a diferentes niveles, desde las guarderías -no confundir con las educadoras que miran hacia la huelga- hasta las universidades.
La administración de la lideresa regional gobierna a golpe de recorte, privatización y anuncio a bombo y platillo. Da igual hacia qué nivel se mire, pues el patrón se repite. En los últimos días provocaba recelo en la comunidad universitaria, por ejemplo, un macroproyecto que el equipo de la Puerta del Sol pone sobre la mesa para fomentar, en sus propias palabras, el campus y el deporte universitario. En la práctica, las plataformas en defensa de las universidades por la pública lo califican como “turismo académico” que pretende “lucrarse” con lo que es de todos y “empresarializar” algo que debería ser un derecho.
Sin embargo, hace tiempo que dejó de serlo en tierras madrileñas, al menos para todo el mundo y en situación óptima para cualquiera. A la proliferación de los centros universitarios privados se pueden sumar problemáticas que se repiten, independientemente del sector: falta de financiación, cierre de aulas o infraestructuras defectuosas, que terminan por generar, en voz de los críticos, inseguridad.
La gestión del dinero por parte de la Comunidad de Madrid también es sinónimo de controversia. Hay situaciones más evidentes de esto, como la condena que el mismo sindicato, CCOO, hacía del uso de fondos que la Autonomía llevaba a cabo sobre una cuantía procedentes de Europa para fomentar la tecnología pedagógica en las aulas. Lo que más choca en este sentido es que Ayuso siempre ha criticado la digitalización en las escuelas.
Con todo, y aunque la lucha actual se centre en las educadoras y educadores de entre 0 y 3 años, cuenta con el respaldo de todos los compañeros.
