El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha tirado por la vía de en medio, en una decisión salomónica pero más decantada a la juez, para contestar a las dos solicitudes de amparo presentadas por la magistrada instructora de la DANA, Nuria Ruíz Tobarra, contra dos resoluciones emitidas por el Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV) que resolvían las quejas presentadas por dos letrados en contra de otras dos resoluciones judiciales adoptadas por la juez.
Así, por un lado le dan la razón a Ruíz Tobarra en su petición de amparo por la queja presentada por el abogado del número 2 de la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, Emilio Argüeso, en el que se quejaba de la decisión de la juez de apertura una pieza separada, dentro del procedimiento, en la que se debía determinar si era procedente sancionarle por los términos utilizados por el abogado en un escrito a la juez en el que pedía la práctica de diligencias. Sin embargo, no le otorgan el amparo solicitado en cuanto a la queja del mismo abogado y otra compañera de éste por la terminología usada por la magistrada en sus autos.
El CGPJ lapidario contra el ICAV
Eso sí, la decisión del órgano de gobierno de los jueces es lapidario en sus términos respecto al ICAV. Dice la decisión del pleno, a la que ha tenido acceso ElPlural.com que hay que "requerir al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia para que se abstenga de requerir a la autoridad judicial cualquier tipo de actuación que implique la modificación, justificación o explicación de sus decisiones jurisdiccionales, o la adopción de otras diferentes, fuera de los cauces procesales establecidos legalmente".
Hay que recordar que la juez, que investiga la muerte por negligencia de 230 personas el 29 de octubre de 2024, lleva aguantando quejas y bulos prácticamente desde el mismo día que abrió la investigación judicial. Todo eso sin contar los comentarios absolutamente machistas a los que se ha visto sometida tanto por parte de algunos abogados, como por los medios de extrema derecha.
