La universidad pública agoniza y la privada amenaza con superarla en número de centros

Las universidades públicas luchan por su supervivencia en toda España. Las políticas neoliberales desplegadas por los gobiernos autonómicos están permitiendo el avance de los centros privados, mientras dejan atrofiarse a las instituciones públicas, inmersas en una concienzuda infrafinanciación. Los alumnos se multiplican en campus universitarios privados y, por primera vez en la historia, el país se enfrenta a que estos superen a los de titularidad pública. En este momento, existen 49 universidades privadas y se espera que este número crezca rápidamente. Las públicas no se mueven de las 50 desde hace casi 30 años.

Las privadas podrían cerrar el año con 53 centros. El negocio crece en el ámbito del saber, aprovechando el aumento de demanda, y lo hace sin garantías de calidad ni igualdad de acceso. Lo que otrora funcionaba como una alternativa educativa o, incluso, como cobertura de las carencias de plazas ha pasado a ser dominante gracias al impulso de las administraciones públicas, muchas de ellas empeñadas en dar luz verde a proyectos que ni siquiera cuentan con el visto bueno de los estamentos encargados de valorar los diferentes aspectos académicos y laborales.

Las empresas ganan fuerza en el ámbito académico y, como ocurre en el ámbito sanitario, los beneficios se erigen como fin último, por encima de cualquier otra variable. Los centros privados con ánimo de lucro son 25, por encima de los 24 que tienen un carácter no mercantil, históricamente en manos de la Iglesia o de alguna fundación. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades está harto de emitir informes negativos contra los centros de nueva creación que las Comunidades Autónomas, con especial énfasis las lideradas por el Partido Popular (PP), ignoran.

En Madrid, por ejemplo, son ya 13 las universidades privadas, aprobado el proyecto para la 14, y los alumnos superan holgadamente los 100.000. Sin embargo, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha impulsado un acuerdo de financiación que incumple la normativa, seca a los centros y propicia que no se puedan pagar profesores, investigación, becas y materiales. Esta práctica, llevada al máximo en la capital, se está replicando en el resto de territorios liderados por el PP, algunos de ellos aprobando la incursión de las primeras modalidades privadas.

Decreto antichiringuitos

El Gobierno central es consciente de este proceder, razón que llevó a aprobar un decreto de creación y reconocimiento de universidades, en octubre de 2025, bautizado como “antichiringuitos”. “El objetivo es garantizar la calidad de las universidades españolas, sean públicas o privadas, mejorar los mecanismos de supervisión y control para proteger al estudiantado ante ciertos riesgos como el cierre de las universidades por falta de solvencia económica”, defendía el Gobierno. Si bien no parece estar consiguiendo frenar el avance de las privadas, por el momento.

Entre otras cosas, la norma establece un mínimo de 4.500 alumnos en seis años, la obligación de investigar (no solo docencia), requisitos de personal y la necesidad de informes de calidad vinculantes para las nuevas creaciones. El PP está intentado tumbar este decreto, pero la Justicia n

La Comunidad de Madrid, Baleares, Aragón, Extremadura y La Rioja han recurrido ante el Tribunal Supremo, que ha rechazado las medidas cautelares solicitadas. También presentaron recursos ante este tribunal instituciones académicas como el CEU, la Universidad Fernando Pessoa, la Universidad de las Hespérides, CIS, Schiller, Saint Louis o Francisco Marroquín. Una vez más, es Ayuso quien pilota esta insurrección. La Comunidad de Madrid interpuso ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto al considerarlo "arbitrario" y por "vulnerar" las competencias autonómicas.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que esta norma "limita injustificadamente" la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocidas en la Constitución Española que va contra la seguridad jurídica; y que ha sido elaborado "sin ningún tipo de negociación o consenso". Para el Ejecutivo madrileño este real decreto es "puramente ideología" y no responde a la búsqueda de la "verdadera calidad" de los centros.